El lunes 16 de diciembre de 2024, los magistrados del Consejo de Estado, liderados por Milton Chaves, presidente del alto tribunal, expresaron su rechazo a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro frente a las decisiones emitidas por este tribunal.
En un comunicado, los togados mencionaron que las sentencias, los conceptos y todas sus decisiones y actuaciones están ajustados a la Constitución y a la ley, orientados por los principios de autonomía e independencia judicial.
“La corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”, manifestó el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chaves.
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Ante ello, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para referirse al comunicado del alto tribunal, y enfatizó en que, si bien respeta las decisiones emitidas por el Consejo de Estado, no puede configurarse como una restricción a su derecho a la libertad de opinión.
“Toda decisión será respetada menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
Los comentarios de Petro contra el Consejo de Estado
El rifirrafe entre el mandatario y los magistrados del alto tribunal comenzó el 12 de diciembre de 2024, cuando el jefe de Estado, a través de una publicación en redes sociales, cuestionó la decisión de anular la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama, por doble militancia.
El presidente Petro sostuvo que el fallo refleja un intento de frenar el cambio político en Colombia, y lo calificó como un acto de “perfidia”, así como una estrategia de “lawfare”, término que utiliza para referirse al mal uso de la justicia con fines políticos.
“La justicia debería ser la vanguardia en la defensa de los derechos del pueblo, así siempre lo creí. Pero no es justicia si lo que se mata son los derechos del pueblo. Colombia necesita jueces justos para acabar con su violencia y desigualdad”, comentó el mandatario colombiano en su cuenta de X.
Asi mismo, Petro concluyó su declaración instando al pueblo de Duitama a perseverar en su lucha por el poder popular y a no rendirse ante lo que consideró una injusticia.
Posterior a los comentarios del primer mandatario, el Consejo de Estado en pleno hizo un llamado a que se garantice el respeto a la independencia y autonomía judiciales, “que son la base del equilibrio y separación de poderes y del funcionamiento de una democracia sólida y estable”.
De igual forma, el alto tribunal mencionó que los comentarios negativos contra la institución judicial solo favorece a aquellas personas que buscan el beneficio propio en lugar del bienestar colectivo.
“Esta corporación reclama de las altas dignidades del Estado que sus manifestaciones sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen, como corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho”, puntualizó el Consejo de Estado.
El comunicado del Consejo de Estado recibió varios respaldos por parte de dirigentes políticos y personalidades de la justicia colombiana. Inicialmente, fue el exfiscal Francisco Barbosa, quien defendió la independencia del alto tribunal y mencionó que estos actos dejan mal parado al presidente Gustavo Petro.
“Lo que afirma hoy el Consejo de Estado no es otra cosa que la confirmación de lo que manifesté con firmeza cuando me desempeñé como Fiscal General: Petro no es un demócrata (...) así como se creyó jefe de la Fiscalía, también se cree jefe de los jueces. Por eso, ante las decisiones de estos que no se acomodan a sus intereses, los ataca y los expone ante la opinión”, escribió el exfuncionario en su cuenta de X.
Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su rechazo a las declaraciones del presidente Petro y reiteró su respaldo al Consejo de Estado, al considerar que los mensajes del mandatario pusieron en riesgo la dignidad de los jueces y promovían una desconfianza innecesaria hacia las instituciones judiciales.
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