Procuraduría General de la Nación confirmó destitución e inhabilidad al exalcalde de Riohacha, José Bermúdez tras meses de investigación

La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad general por 12 años al exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, tras confirmarse graves irregularidades en la contratación de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Este proyecto, cuyo costo superó los 11.000 millones de pesos, fue suscrito durante la administración de Bermúdez Cotes entre los años 2020 y 2023. La investigación de la Procuraduría reveló fallas significativas en la planeación y ejecución del contrato, que comprometieron la calidad y sostenibilidad del servicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En una decisión de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular también ratificó las sanciones contra tres exfuncionarios del municipio que participaron en la adjudicación del contrato. Keyder Freyle Sarmiento, exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, y Ronald Neil Pérez Ojeda, exdirector de Contratación, fueron inhabilitados por 10 años cada uno. Por su parte, Edén Elí Moscote Roys, extesorero municipal, recibió una inhabilidad de 9 años. Estas sanciones fueron impuestas tras evidenciarse su participación en irregularidades administrativas y de gestión durante el proceso contractual.

La investigación de la Procuraduría determinó que la contratación del proyecto careció de una planificación adecuada. No se presentó un plan de inversiones detallado ni se realizaron los análisis necesarios para garantizar la continuidad y calidad del servicio en las zonas rurales de Riohacha. Además, el proyecto no incluyó especificaciones claras sobre la infraestructura que debía ser transferida por el concesionario anterior al nuevo operador, lo que puso en riesgo la operatividad del sistema de acueducto y alcantarillado.

Según el fallo, la ausencia de un plan de inversiones violó normas sectoriales y dificultó la supervisión y el control de la ejecución del contrato. Esto obstaculizó el desarrollo adecuado del servicio, tanto en términos de cobertura como de eficiencia. “La administración distrital no contó con una herramienta eficiente para vigilar y controlar la ejecución de la concesión, también para garantizar la calidad y el aumento del cubrimiento”, puntualizó el organismo de control en su comunicado oficial.

La Procuraduría calificó la conducta de Bermúdez Cotes como una falta gravísima cometida con dolo. Esto implica que el exalcalde actuó con intención de infringir las normas o con conocimiento pleno de las consecuencias de sus acciones. En cuanto a los otros tres exfuncionarios, la entidad determinó que incurrieron en faltas gravísimas a título de culpa, debido a su negligencia en el cumplimiento de los deberes asociados a sus cargos.

En el caso del exalcalde, el dolo quedó evidenciado en la omisión de diseñar un plan de inversiones que permitiera asegurar el funcionamiento del servicio de acueducto y alcantarillado. Este descuido comprometió la calidad del servicio y los recursos públicos destinados al proyecto.

El fallo ha generado diversas reacciones entre la comunidad y las autoridades locales. Mientras algunos sectores aplauden la decisión de la Procuraduría como un avance en la lucha contra la corrupción, otros expresan su preocupación por las repercusiones que las irregularidades han tenido en el acceso a servicios básicos como el agua potable y el saneamiento.

La Procuraduría hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer los mecanismos de participación y control social sobre la gestión pública. En este contexto, la denuncia de irregularidades por parte de la comunidad y de los entes de control locales jugó un papel clave en el desarrollo de la investigación.

Con la ratificación de estas sanciones, la Procuraduría reafirma su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el caso también evidencia la necesidad de reforzar los sistemas de control preventivo en la contratación pública para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.