Laura Sarabia dio a conocer quién es el culpable de que el Gobierno Petro no cumpla con la ejecución del presupuesto

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, salió al frente de las constantes críticas emitidas contra el Gobierno de Gustavo Petro por la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024, cuyo monto fue uno de los más altos de la historia en Colombia ($503,4 billones). La funcionaria argumentó que la situación se debe a los montos acumulados de vigencias anteriores que aún no han sido agotadas.

En declaraciones a varios medios, explicó que “los recursos no pueden ser ejecutados si no se agota el valor líquido de las vigencias anteriores” y destacó que este año el Gobierno logró avanzar en el cumplimiento de estos saldos para iniciar la ejecución correspondiente a 2024.

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Y es que, precisamente, la Contraloría emitió un informe preocupante acerca del bajo avance en la ejecución del presupuesto, en el que reflejó que apenas se alcanzó un 71,1% hasta noviembre de 2024, cifra que, según el organismo, es la más baja en cinco años y solo comparable con la registrada en 2020, año de la pandemia del covid-19.

Indicó que “el saldo presupuestal mostró un cumplimiento en compromisos clave como el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento”, pero en cuanto a inversión, únicamente se utilizaron $44,83 billones de los $100,06 billones asignados.

La disminución en la recaudación tributaria también se destaca como un factor crítico que afecta las finanzas del Gobierno. Este recaudo alcanzó los $369,74 billones, un 0,3% menos que el mismo período del año anterior.

Dentro de estos ingresos, los tributarios sumaron $227,41 billones, lo que representa solo el 72% de lo proyectado. Una caída del 9,3% en comparación con 2023 se atribuye en gran medida a una disminución del 18% en el impuesto de renta, así como una reducción de $2,29 billones en impuestos externos.

Ante los desafíos fiscales, Sarabia manifestó que “lo que hemos venido haciendo es gastar lo que venía en vigencias anteriores, que no se ejecutó, ponernos al día y ejecutarlo en esta vigencia”. Añadió que el Gobierno espera poder lograr “una visión estratégica mucho más eficiente y eficaz” para 2025, con la planificación de objetivos alcanzables. La funcionaria confía en una mejor ejecución en el futuro.

Por su parte, la Contraloría advirtió sobre las implicaciones de estas dinámicas de ejecución lenta y recaudo insuficiente, por lo que insistió en que podrían afectar el cumplimiento de los programas planeados. Al respecto, pidió al Gobierno redoblar esfuerzos para garantizar el uso efectivo de los recursos, por lo que enfatizó en la necesidad de una planeación más rigurosa en vista de la caída de la reforma tributaria. Esto resalta un reto considerable que el Gobierno Petro deberá enfrentar para optimizar el uso de los fondos públicos.

El análisis del desempeño financiero del país en términos de ingresos muestra un panorama complicado y se evidencia la urgencia de ajustar estrategias económicas. Con una meta proyectada de $315,86 billones para los ingresos tributarios, la brecha actual sumada a la baja ejecución demuestra la necesidad de medidas correctivas inmediatas.

La importancia de estos ingresos es muy importante para sostener tanto el servicio de la deuda, que alcanzó $79,7 billones, como los gastos de funcionamiento fijados en $233,67 billones.

A su vez, la situación invita a una reflexión más profunda sobre los mecanismos de ejecución presupuestaria y la eficiencia en la gestión pública, cuestiones vitales para el futuro económico del país. A medida que el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a este escenario, las inquietudes sobre la evaluación y reorientación de objetivos se hacen cada vez más urgentes.