
Andrés Orlando Peña Andrade fue designado como alcalde ad hoc de Cali para gestionar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), luego de la declaración de impedimento del actual alcalde, Alejandro Éder.
Según el Ministerio del Interior, este nombramiento responde a un conflicto de intereses que Éder presentó ante la Procuraduría del Valle del Cauca, debido a vínculos familiares con el sector inmobiliario y de la construcción en la ciudad.
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El conflicto de intereses surgió porque familiares de Éder podrían tener inversiones en sectores como la construcción, ingeniería civil, cementos, y la industria del hierro y del acero, además de actividades inmobiliarias.
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Esta situación llevó a Éder a solicitar su impedimento para intervenir en decisiones relacionadas con el POT, algo que fue aceptado por la Procuraduría el 6 de noviembre.
La designación de Peña, que es asesor jurídico en el Ministerio del Interior, se formalizó mediante la Resolución n.° 2175 del 25 de noviembre de 2024.

Andrés Orlando Peña, que cuenta con experiencia en análisis legal y desarrollo territorial, tendrá la tarea de revisar los planes urbanísticos de Cali, asegurando que se ajusten a las necesidades estratégicas de la ciudad y buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
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El Gobierno nacional destacó que este nombramiento busca enviar un mensaje de ética e imparcialidad en la administración pública, especialmente en una ciudad como Cali, donde los intereses privados en temas urbanísticos han generado controversias.
La experiencia jurídica de Peña es vista como clave para garantizar que cada decisión cumpla con la normativa vigente y beneficie a todos los caleños.
El Plan de Ordenamiento Territorial es crucial para Cali, ya que define estrategias para enfrentar desafíos de crecimiento, movilidad y sostenibilidad. Peña, que también trabajó en el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, se encargará de asegurar que los procesos vinculados al POT se ajusten a los estándares de legalidad y transparencia.
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Qué significa ser un alcalde ‘ad hoc’

Esta figura jurídica se establece temporalmente para asumir las funciones del alcalde titular cuando este no puede ejercer su cargo, según indicó el Gobierno nacional.
El término ad hoc proviene del latín y significa “para esto”, refiriéndose a una solución específica para un problema concreto. En este contexto, el nuevo alcalde ad hoc, Andrés Peña Andrade, tendrá la responsabilidad de revisar los planes urbanísticos de la ciudad, asegurando que se alineen con las necesidades estratégicas de Cali.
En qué consiste el POT de Cali

Cali se encuentra en un momento crucial de transformación urbana, con la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en marcha. Este proceso, liderado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, busca integrar las voces de los ciudadanos en la planificación de un territorio más organizado y sostenible.
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La iniciativa se extenderá a las 22 comunas y 15 corregimientos del distrito, asegurando que las necesidades y aspiraciones de los caleños sean el eje central de este nuevo POT, que debe ser aprobado en un plazo máximo de 30 meses.
La actualización del POT se convierte en una prioridad para el gobierno distrital de Cali, especialmente después de que el Tribunal Administrativo del Valle declarara nulo el Acuerdo 0373 de 2014. Este nuevo plan pretende ser un reflejo auténtico de las expectativas de los ciudadanos, promoviendo un desarrollo equitativo e inclusivo.
Según Diego Andrés Giraldo, director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el compromiso es construir un POT participativo que nazca desde los territorios y sus habitantes, fortaleciendo así la legitimidad del plan y garantizando soluciones efectivas.
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El proceso de revisión del POT representa un hecho histórico de la planeación territorial de Cali, al colocar a sus ciudadanos en el centro de las decisiones. La participación ciudadana es fundamental para asegurar que el nuevo plan sea representativo de las aspiraciones colectivas de los caleños.
Este enfoque participativo no sólo busca legitimar el proceso, sino también asegurar que las soluciones propuestas sean efectivas y alineadas con las necesidades reales de la población.
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