Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre acusado de feminicidio agravado, porte ilegal de armas de uso privativo y fuga de presos, tras el asesinato de su expareja sentimental en Medellín.
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio en una vivienda del barrio 12 de Octubre en la capital antioqueña.
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Según la investigación, el procesado, que cumplía detención domiciliaria por otros delitos, atacó con un arma de fuego a su expareja, una mujer de 36 años, después de que ella le manifestara su intención de finalizar la relación por sus los constantes maltratos. La víctima, gravemente herida, falleció días después en un centro médico de Medellín.
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El acusado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, pero el material probatorio evidenció que el crimen ocurrió dentro de la vivienda donde debía cumplir la medida de casa por cárcel. Horas después del ataque, el hombre se dio a la fuga, desobedeciendo la orden judicial.
Tras semanas de búsqueda, unidades del CTI, en colaboración con la Policía y el Ejército Nacional, lograron su captura en la vereda El Brasil, municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Durante el operativo, las autoridades incautaron un subfusil mini uzi, un proveedor y veinte cartuchos, elementos que agravan su situación jurídica.
En Colombia, el feminicidio es considerado un delito autónomo y agravado según la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely. Esta norma establece penas severas para quienes cometan este crimen, partiendo de una condena base de cuatrocientos a seiscientos meses de prisión (33 a 50 años).
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El caso en cuestión presenta agravantes que podrían incrementar la pena. Primero, el feminicidio ocurrió dentro del domicilio del agresor, donde debía cumplir una medida de detención domiciliaria, lo que también implica el delito de fuga de presos, sancionado con penas de hasta 9 años de prisión adicionales según el artículo 448 del Código Penal.
Además, la imputación incluye el delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, regulado por el artículo 366A del Código Penal, que puede conllevar entre 15 y 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias.
La acumulación de estos delitos podría derivar en una pena cercana o superior a los 50 años de prisión, dependiendo de las agravantes específicas que el juez considere probadas y de la calificación final del feminicidio como agravado.
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¿Qué es violencia de género?
La violencia de género se refiere a cualquier acción o conducta que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial a una persona debido a su género, identidad o rol social. Generalmente, afecta a mujeres, pero también puede dirigirse contra personas de otros géneros o identidades. En Colombia, está definida en la Ley 1257 de 2008, que busca prevenir, sancionar y erradicar todas sus manifestaciones.
¿Cómo identificar si alguien es víctima?
Es posible que una persona sea víctima de violencia de género si enfrenta:
- Violencia física: golpes, empujones, heridas o cualquier forma de agresión corporal.
- Violencia psicológica: amenazas, humillaciones, manipulación emocional o aislamiento forzado.
- Violencia sexual: actos sexuales no consentidos, incluidos abusos en relaciones íntimas.
- Violencia económica: control o privación de recursos económicos, bienes o ingresos propios.
- Violencia simbólica: acciones o mensajes que refuercen estereotipos de género o desigualdades.
¿Dónde denunciar en Colombia?
- Línea 155: servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas para orientación y acompañamiento en estos casos.
- Fiscalía General de la Nación: se puede acudir presencialmente a cualquier sede o realizar la denuncia a través de su portal en línea.
- Comisarías de Familia: ofrecen medidas de protección inmediatas, como órdenes de alejamiento o asistencia legal.
- Defensoría del Pueblo: proporciona orientación y defensa legal gratuita.
- Policía Nacional: llamando al 123 o asistiendo a una estación policial se pueden activar medidas de protección urgentes.
- Centros de atención a víctimas: existen entidades como las Casas de Justicia o el ICBF para atender a menores de edad en casos de violencia familiar.
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