A sanción presidencial el proyecto de ley que permite el divorcio por petición unilateral

A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que simplifica y facilita el divorcio en Colombia, consagrando la solicitud unilateral como causal suficiente para iniciar el proceso de disolución de la unión marital.

De acuerdo con el autor de la iniciativa, David Luna, senador de Cambio Radical, ya no será necesario invocar causales como infidelidad, alcoholismo, drogadicción o cualquiera de las diez consagradas en el Código Civil para que un juez acepte tramitar el divorcio y, de ser necesario, fallarlo favorablemente.

“Cualquier colombiano, hombre o mujer, en ejercicio de sus libertades, puede solicitarle a un juez divorciarse de su pareja por mil razones, entre otras, porque se le puede acabar el amor”, explicó Luna.

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El congresista bogotano destacó que la conciliación realizada entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República reconoció que, en ejercicio de las libertades ciudadanas, nadie puede ser obligado a permanecer en unión con una persona a la que ya no quiere.

Según él, esto evita situaciones de chantaje y violencia que, en muchas ocasiones, surgen con la solicitud de divorcio. “Yo lo llamo divorcio libre. Usted puede pedir el divorcio en el momento que quiera, simplemente porque se acabó el amor”, recalcó el senador.

Julio César Triana, ponente del proyecto indicó lo siguiente: “Celebramos la aprobación del proyecto que crea esta nueva causal de divorcio en Colombia. Sin duda alguna, esta nueva causal va a hacer respetar la libertad de los cónyuges, respaldada por jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

Sin embargo, no todos los sectores políticos respaldaron la iniciativa. La senadora liberal Karina Espinosa expresó su desacuerdo, argumentando que al simplificar el divorcio sin establecer medidas como asesoría o terapias obligatorias, se pone en peligro la institución familiar.

“Habíamos solicitado que antes de tramitarse el proceso de divorcio se hiciera obligatorio acudir a terapias de pareja, pero en la conciliación se omitió esta solicitud, poniendo en peligro la unidad familiar. Si se desconoce la importancia de la familia, empezamos a facilitar la destrucción de la sociedad”, afirmó la congresista sucreña.

En contradicción, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, defendió el proyecto asegurando que los matrimonios deben ser una expresión de libertad, afecto y amor. “A nadie se le puede obligar a permanecer al lado de alguien a quien no se quiere. Las relaciones deben ser construidas desde el amor y no desde la obligatoriedad”, señaló.

El proyecto generó un intenso debate en el Congreso, donde las posturas a favor y en contra del llamado “divorcio libre” reflejaron visiones opuestas sobre la institución matrimonial y la autonomía individual. Finalmente, la plenaria del Senado aprobó la iniciativa con 63 votos a favor, permitiendo su paso a sanción presidencial.

Este cambio legislativo representa un hito en la historia del derecho de familia en Colombia. En adelante, cualquier persona podrá iniciar el proceso de divorcio sin la necesidad de justificar su decisión ante un juez, facilitando la disolución de uniones marital y ampliando el ejercicio de las libertades individuales. Además, busca reducir las dinámicas conflictivas en los procesos judiciales, promoviendo un enfoque más simple y respetuoso de las decisiones personales.

El proyecto también ha abierto un debate más amplio sobre la importancia de la autonomía individual frente a las tradiciones sociales y culturales que han prevalecido en el país. Para algunos sectores, esta medida puede tener implicaciones profundas en la manera en que se conciben las relaciones de pareja y la familia en el futuro.

Mientras que sus detractores temen una afectación a la estabilidad social, sus defensores consideran que es un paso hacia la modernización de la legislación y el reconocimiento de los derechos ciudadanos.

Con la aprobación del proyecto y su próxima sanción presidencial, Colombia se suma a otros países de la región que han adoptado normas más flexibles para el divorcio, respondiendo a las transformaciones sociales que demandan mayor autonomía en las decisiones personales y familiares.

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