Procuraduría apoya solicitud de la Fiscalía para enviar a Sandra Ortiz a la cárcel en caso de corrupción en la Ungrd

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta una solicitud de encarcelamiento por parte de la Fiscalía debido a su presunta implicación en un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según las investigaciones, Ortiz habría entregadotres mil millones de pesos de origen ilícito al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez, lo que ha llevado a las autoridades a considerar su detención para evitar la obstrucción de la justicia.

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La Procuraduría General de la Nación en medio de la audiencia que se adelanta en contra de Ortiz y en la que se presume se va a definir su situación judicial, respaldó esta solicitud, argumentando que la medida es necesaria para proteger la integridad del proceso judicial.

“No existe otra medida que al momento pueda garantizar que, frente a la gravedad de los hechos y su capacidad de gestión sobre los mismos medios de prueba, la procesada pueda y deba continuar en libertad mientras se adelante el proceso penal”, dijo el delegado del Ministerio Público.

Aseguró que podría dificultar el desarrollo de la investigación.

“Resulta también adecuada en la medida en que, tal como le explicó la Fiscalía, ninguna de las medidas no privativas permite garantizar que no se adelanten actividades tendientes a interferir en el desarrollo de la investigación y a minorar el peligro para la comunidad en los términos que se expusieron anteriormente. Es también proporcional, toda vez que frente al derecho a la libertad que ahora se solicita sea restringida, debe ceder este derecho de libertad frente a la potestad del Estado de investigar la comisión de delitos tan graves en procura del bien colectivo, teniendo en cuenta, como ya se dijo, que el delito que atenta contra la administración pública y el orden económico social en las condiciones, como se dice, ocurrieron los hechos, requiere de una reacción adecuada de la comunidad y del Estado”, fueron las palabras del funcionario.

Esta decisión se basa en las declaraciones de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, quienes han admitido su participación en el esquema de corrupción y están colaborando con la justicia para obtener beneficios jurídicos.

“Por lo anterior, señora juez, esta comisión del Ministerio Público solicita que se acceda a la petición de la Fiscalía y, en consecuencia, se imponga la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario”, concluyó el funcionario.

Las investigaciones revelan que los fondos desviados de la Ungrd fueron utilizados para pagar sobornos a congresistas, con el objetivo de asegurar el respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno. “La exconsejera presidencial para las regiones utilizó las influencias de su cargo en provecho del senador Iván Name (...) para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato que se estaba ejecutando en el Atlántico”, señaló la fiscal del caso en la primer audiencia en contra de Ortiz.

De acuerdo con el ente acusador ella “habría recibido, transportado y entregado al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, $3.000 millones de pesos que tendrían origen ilícito”.

La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su posición para favorecer intereses políticos y gestionó una adición presupuestal a un contrato en el Atlántico con la ayuda de López y Pinilla. Además, en la indagatoria del 29 de noviembre, se dio a conocer la declaración juramentada de Reinel Sierra, escolta de Sneyder Pinilla, relató que el 12 de octubre de 2023 compró una maleta en la que Sandra Ortiz habría transportado tres mil millones de pesos para Iván Name, expresidente del Senado, salpicado en este escándalo.

La situación de Ortiz se complica con las pruebas presentadas por la Fiscalía, que indican su participación activa en el esquema de corrupción. La Procuraduría ha enfatizado la importancia de su detención para garantizar que no interfiera con la investigación en curso.