El tribunal internacional de arbitramento resolvió, en la segunda semana de diciembre, que el Consorcio CCC Ituango, integrado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa, no tiene responsabilidad en el colapso de la galería auxiliar de desviación que provocó la emergencia de abril de 2018 en Hidroituango.
La decisión, resultado de un proceso iniciado por la sociedad en enero de 2021, buscaba dirimir disputas contractuales vinculadas a las responsabilidades técnicas en la construcción de esta infraestructura clave para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Esta situación generó todo tipo de reacciones, tanto del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el anterior mandatario de la ciudad, Daniel Quintero.
Este último en su momento presentó una demanda por $9,9 billones contra los contratistas. Por otro lado, los mensajes de ambos políticos fueron totalmente opuestos.
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó al fallo del tribunal internacional sobre Hidroituango con duras críticas a quienes, según él, promovieron acusaciones infundadas contra los contratistas del proyecto.
En su mensaje, Gutiérrez destacó que el tribunal confirmó que las obras se ejecutaron siguiendo los diseños y especificaciones técnicas establecidas, y señaló que ahora “los responsables del desfalco a Medellín” deberán enfrentar las consecuencias legales por el daño causado a la ciudad.
“Los que se robaron a Medellín construyeron un relato falso sobre Hidroituango y sus contratistas. Hoy una sentencia de un Tribunal Internacional de Arbitramento concluye que los constructores de Hidroituango actuaron conforme a los diseños y especificaciones técnicas. Ahora son los que se robaron a Medellín quienes deberán responder ante la justicia por el daño tan grande que causaron”, comentó el alcalde paisa en su cuenta de X.
El exalcalde Daniel Quintero por su lado afirmó en la misma red social que el fallo del tribunal internacional sobre Hidroituango no exime a los constructores de responsabilidad y destacó que la demanda por 9,9 billones presentada en 2020 sigue en curso con pruebas contundentes. También criticó a la Cámara de Comercio de Medellín, calificándola de politizada y en favor de los contratistas, mientras rechazó que EPM deba pagarles 700 mil millones de pesos, calificando la decisión como inaceptable.
“No es cierto que el Tribunal Administrativo de Antioquia declarara inocentes a los constructores de Hidroituango. Todo lo contrario, la demanda por 9,9 billones que pusimos en 2020 fue admitida en el mes de junio de este año (2024) y avanza su tramite con pruebas irrefutables. Es la única oportunidad de recuperar la plata. Lo de hoy es un fallo de un Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín. La Cámara de Comercio ha sido una entidad politizada, al servicio de los contratistas de Hidroituango y que se opuso públicamente a la demanda contra los contratistas. Hoy para acabar de ajustar, obligaran a EPM a pagarle 700 mil millones de pesos a los responsables de Hidroituango. ¡El colmo!”, comentó el político opositor a Federico Gutiérrez.
Sin embargo, esa no fue la única mención que Daniel Quintero hizo con respecto al tema, ya que ha realizado varios mensajes al respecto. “Tras de ladrones bufones. Ahora EPM le tendrá que pagarle 700 mil millones a los responsables de Hidroituango. Plata es plata. Sin embargo nuestra demanda por 9,9 billones sigue adelante”, comentó el exmandatario local.
El Consorcio CCC Ituango optó por un proceso de arbitraje para resolver los desacuerdos derivados de la emergencia de 2018, utilizando un mecanismo que permite a las partes someter sus disputas a la decisión de árbitros independientes en lugar de un tribunal estatal. Tras revisar los argumentos y las evidencias presentadas, el tribunal de arbitramento concluyó que el consorcio no tuvo responsabilidad en el colapso de la galería auxiliar, exonerándolo de los señalamientos iniciales.
Aunque la aseguradora Mapfre inició en 2019 los pagos correspondientes al seguro todo riesgo por la emergencia de 2018 en Hidroituango, la disputa legal escaló en 2021 con la demanda presentada por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por $9,9 billones. La Gerencia de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en ese momento argumentó que los contratistas habrían alterado los diseños originales del proyecto y empleado materiales de calidad cuestionable, lo que habría sido un factor determinante en la crisis.
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