
La problemática relacionada con la estabilidad laboral de los contratistas del Estado en Colombia provocó un enfrentamiento entre el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Agmeth Escaf y el concejal de Bogotá Daniel Briceño, reconocido crítico del Gobierno de Gustavo Petro. La discusión se intensificó tras un pronunciamiento del congresista sobre las dificultades que enfrentan los trabajadores contratados por órdenes de prestación de servicios (OPS), una modalidad que, según él, perpetúa condiciones laborales desfavorables.
Agmeth Escaf utilizó sus redes sociales para exponer lo que describió como un “abuso laboral” por parte del Estado. De acuerdo con el representante, el 31 de diciembre marca un día de incertidumbre para miles de contratistas, que suelen quedar sin empleo o enfrentan retrasos significativos en la renovación de sus contratos. Esta situación los obliga a trabajar sin garantías como prestaciones sociales, vacaciones o remuneración durante los primeros meses del año.
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“Se acerca el 31 de diciembre, día triste para miles de contratistas del Estado que saben que en enero y febrero de 2025 deberán trabajar gratis (o los echan) porque en todas las entidades saldrán los contratos por OPS para el mes de marzo. Sin prestaciones, sin vacaciones, pagando el 100% de su seguridad social y encima ¡trabajando gratis varios meses del año por la lentitud burocrática y la negligencia de todas las entidades!”, escribió Escaf en X.

Además, hizo un llamado a la bancada del Pacto Histórico y al presidente Gustavo Petro para abordar este problema, buscando erradicar lo que considera prácticas laborales abusivas.
Ante estas palabras, el concejal Daniel Briceño, conocido por su veeduría de los gastos gubernamentales, respondió con una publicación que apuntó directamente a la administración de Gustavo Petro y cuestionó el papel de Escaf en la fiscalización de estos temas. El líder y activista señaló un incremento significativo en el número de contratistas bajo la modalidad OPS durante el actual mandato.
“Señor Agmeth Escaf, con el gobierno Petro los contratistas pasaron de 47.597 en los primeros dos años de Duque a 122.096 contratistas en el gobierno Petro. Multiplicaron el número de personas vinculadas por prestación de servicios y no lo he visto a usted decir nada”, publicó Briceño en la misma red social.

Esta es la razón de las inquietudes de los líderes políticos
La modalidad OPS ha sido un tema recurrente de discusión en Colombia debido a su impacto en la estabilidad laboral. Este tipo de contrato, ampliamente utilizado en el sector público, no incluye beneficios como seguridad social completa, vacaciones pagadas o estabilidad contractual. Aunque permite cierta flexibilidad, es criticado por perpetuar la precariedad laboral en varias entidades del Estado.
Cabe destacar que esta forma de trabajo es un tipo de contrato ampliamente utilizado en Colombia, especialmente en el sector público. Bajo este esquema, una persona natural o jurídica es contratada para realizar actividades específicas o prestar servicios determinados, sin que exista una relación laboral directa con la entidad contratante. Este tipo de contrato no incluye beneficios como prestaciones sociales, seguridad social compartida, vacaciones remuneradas, ni estabilidad laboral, lo que lo diferencia de un contrato laboral formal.

Los trabajadores bajo OPS deben asumir el pago completo de su seguridad social, incluyendo aportes a pensión, salud y, en algunos casos, riesgos laborales.
En el sector público, la modalidad es usada principalmente para la contratación temporal de personal especializado o para atender necesidades puntuales, debido a su flexibilidad y menores costos administrativos en comparación con contratos laborales tradicionales. No obstante, su implementación ha sido criticada por perpetuar la precariedad laboral y no ofrecer garantías mínimas a los trabajadores.
Según datos presentados por Briceño, el aumento de contratistas en el Gobierno actual podría reflejar una contradicción en el discurso del Pacto Histórico, que ha abogado por mejores condiciones laborales; sin embargo, Escaf se centró en señalar que el problema no es el número de contratistas, sino las condiciones laborales y la lentitud en los procesos administrativos que afectan su estabilidad y derechos.
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