Vuelve y juega con el uso del castigo del cepo entre la comunidad embera que permanece refugiada en en la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Rioja, en el centro histórico de Bogotá, luego de que llegaran a la ciudad en 2021 desplazados por la violencia en sus territorios ancestrales en Risaralda y Chocó.
La alcaldía de Bogotá, a través de su secretaría de Integración Social, denunció ante la Fiscalía General de la Nación que seis menores, entre los 11 y 14 años de edad, fueron sometidos con ese dispositivo ancestral con el que les inmovilizan las piernas y los obliga a permanecer en el piso durante el tiempo que dura esa sanción dentro de la justicia de ese pueblo originario.
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En un comunicado detallaron que el caso fue reportado el pasado jueves 28 de noviembre, tras el reporte de la ausencia, en el Centro Amar, de uno de los adolescentes afectados, lo que tuvo como consecuencia que le impusieran el cepo.
Al resto de menores afectados los sometieron a ese castigo por, supuestamente, consumir sustancias psicoactivas, durante su estancia en la UPI.
Por esa situación, desde la mencionada cartera del Gobierno, señalaron que, además, de la denuncia ante el ente acusador del señalado hecho de maltrato intrafamiliar y en contra de menores de edad, también lo pusieron en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) que se encargaron de verificar que los jóvenes fueron liberados del cepo y ya estaban de nuevo en las instituciones educativas en las que estudian.
Lo mismo hicieron ante la Secretaría de Salud de Bogotá, por el presunto consumo de estupefacientes que involucra a menores de edad.
Desde el Distrito, además, recordaron que aunque este tipo de penalización forma parte de las costumbres de ese pueblo indígena, no aplican en la capital colombiana, pero pese a ello han evidenciado con este caso, y otros en el pasado, que es “recurrente la práctica de castigos físicos mediante el uso del cepo en la unidad operativa en niñas, niños y adolescentes, y con esto un claro incumplimiento de las disposiciones constitucionales” que viola la protección de los derechos de los menores de edad y las “normas referidas a la prohibición del castigo físico y los tratos crueles y humillantes o degradantes” en su contra.
“Exhortamos a la población Emberá que hace presencia en la UPI La Rioja a que se abstenga de implementar los métodos de castigo de la justicia tradicional, como es el uso del cepo, ya que su aplicación en dicho lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional frente a los factores subjetivo, territorial, institucional y objetivo para la activación de la jurisdicción especial indígena, porque dicho predio es un bien fiscal del Distrito por lo que, como mínimo, no se cumple el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional”, recordaron en el comunicado.
Finalmente señalaron que la sede de la UPI de La Rioja está destinado, precisamente, para garantizar los derechos de los menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad y los conminaron a que recurran “al diálogo y el afecto como las mejores lecciones para la crianza de sus hijos”.
Desde agosto de este año, los funcionarios de la alcaldía Mayor de Bogotá han venido denunciando que los miembros de la comunidad ancestral han sometido al cepo a menores de edad, incluso cuando permanecieron en el Parque Nacional desde finales del 2023.
“Rechazamos categóricamente estos actos cometidos por parte de la comunidad Emberá. Insistimos en que no se cumplen los elementos necesarios para aplicar jurisdicción indígena en el Parque Nacional y ampliaremos las denuncias puestas ante la Fiscalía por usurpación de funciones públicas. Seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló en ese momento el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
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