La procuradora General de Colombia, Margarita Cabello Blanco, ha expresado su firme rechazo a la reciente designación de 18 ex jefes paramilitares como gestores de paz, una decisión tomada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La funcionaria criticó la inclusión de personas con antecedentes de graves crímenes, especialmente violencia sexual, en un proceso de reconciliación que debería priorizar los derechos y la reparación de las víctimas.
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En particular, Cabello se mostró alarmada por el nombramiento de Hernán Giraldo Serna, exlíder paramilitar condenado por delitos sexuales, incluidos abusos contra menores de edad.
“Este señor no puede pasar de depredador sexual a gestor de paz”, subrayó la procuradora, quien calificó esta decisión como “inadmisible” y una revictimización para las personas que sufrieron violencia de género y sexual a manos de estos grupos armados.
La procuradora Cabello advirtió que, al permitir que estos exlíderes paramilitares asuman roles en el proceso de paz, el Estado no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje equivocado a la sociedad. Además, insistió en que las mujeres y niñas que han sufrido violencia deben ser el centro del proceso de paz y protección, y que la impunidad no puede ser parte del camino hacia la reconciliación.
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“No permitiremos que las mujeres sean invisibilizadas”, afirmó, haciendo un llamado a garantizar que sus derechos sean reconocidos y protegidos en todo momento.
La designación de estos ex jefes paramilitares como gestores de paz fue formalizada a través de la resolución No. 453 de 2024, que responde a la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Petro.
Entre los nombrados están figuras prominentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Rodrigo Tovar, conocido como Jorge 40, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo “Don Berna”, Carlos Mario Jiménez “Macaco”, Ramón Isaza, Hernán Giraldo Serna, entre otros.
Estos exlíderes paramilitares han sido responsables de numerosos crímenes de lesa humanidad, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados y violencia sexual.
En una carta firmada por los exlíderes paramilitares, expresaron su aceptación del rol de gestores de paz y su compromiso con la agenda liderada por el presidente. También destacaron la complejidad de buscar la paz en un país con múltiples actores armados y diversas particularidades territoriales. Según la misiva, este proceso es visto como un esfuerzo por ajustar y concluir un proceso de paz que no está mediado por las armas, lo que consideran un avance significativo.
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El decreto ha generado controversia, dado el historial de los involucrados en el sistema de Justicia y Paz, del cual varios fueron expulsados por incumplimientos. Sin embargo, los ex jefes paramilitares aseguran que su participación no afectará los derechos de las víctimas, sino que busca profundizar en ellos y en los de los reincorporados.
A pesar de que el Gobierno busca que estos individuos aporten con su experiencia a la construcción de paz, la Procuraduría considera que la medida es profundamente problemática.
En su declaración, Cabello también destacó que algunos de los designados han sido expulsados de la jurisdicción de Justicia y Paz por reincidir en actividades delictivas, lo que aumenta las dudas sobre la viabilidad ética y efectiva de la decisión.
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La procuradora concluyó su intervención reafirmando su compromiso con la defensa de las víctimas, especialmente las mujeres y niñas, quienes han sido históricamente invisibilizadas en los procesos de paz en Colombia. “Desde la Procuraduría, mantendremos una postura firme en defensa de las víctimas. La justicia debe priorizar a quienes han sufrido los mayores horrores”, sentenció.
Este rechazo de la Procuraduría se enmarca en un debate más amplio sobre los métodos que debe seguir el país para lograr una paz duradera. Aunque el gobierno de Petro busca avanzar en la reconciliación, la controversia sobre los gestores de paz resalta las tensiones entre la justicia para las víctimas y el deseo de integrar a actores del conflicto armado en el proceso de construcción de paz.
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