Nueva zona de reserva definida por el Gobierno Petro generó la furia de los mineros: “No están cumpliendo los acuerdos”

Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros (Asomineros), denunció que el Ministerio de Ambiente ha tomado decisiones que afectan a más de 78 mil hectáreas en Soto Norte, Santander, mediante la declaración de una zona de reserva bajo el controvertido Decreto 044.

Según González, esta medida se ha implementado sin consultar a las comunidades locales, lo que viola el Acuerdo de Escazú, que exige la participación comunitaria en decisiones ambientales.

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La líder minera explicó que el decreto ignora un proceso de medidas cautelares en curso en el Consejo de Estado y que las decisiones se están tomando por “motivaciones políticas y activistas”, afectando los derechos de más de cien mil personas que dependen de la minería legal en Colombia.

Además, González criticó que el Ministerio haya publicado una resolución para comentarios que prohíbe la minería en Soto Norte, una región con casi 500 años de tradición minera, sin considerar la voluntad de los 35 mil habitantes de la provincia ni de las autoridades locales.

“Con esta resolución inconsulta que pasa por encima de la voluntad de los 35 mil habitantes de la Provincia, de los alcaldes de los seis municipios de Soto Norte, del Gobernador de Santander y de la CDMB, y en contra de los llamados de la Procuraduría y de la Personería, el Ministerio muestra su carácter autoritario y centralista”, indicó González.

Más de 10 organizaciones mineras de Santander, que representan a cerca de 1.500 mineros de California, Vetas y Suratá, se unieron a la denuncia contra la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Estas organizaciones sostienen que la ministra rompió los acuerdos alcanzados en una mesa de concertación realizada a inicios de noviembre de 2024, donde se había prometido un proceso de consulta antes de presentar cualquier proyecto de resolución para una nueva zona de reserva temporal.

“Denunciamos que el Ministerio no se ha dignado a responder seriamente a la propuesta que presentamos las comunidades mineras del país tras Acuerdo que firmamos con el Gobierno Nacional en Caucasia para dar fin al Paro Minero de octubre. ¿Si el Gobierno ya empezó a incumplir su propia palabra, por qué deberíamos confiar en que incluirá los comentarios que como ciudadanos hagamos a la resolución publicada?”, añadió la vocera de los mineros.

Asomineros dice que la decisión podría impulsar la minería ilegal

González advirtió que la decisión del gobierno nacional podría empujar a las familias mineras hacia la ilegalidad y el desplazamiento forzado. Criticó que el llamado “proceso de participación” del Ministerio es una burla al Acuerdo de Escazú, reduciendo la justicia ambiental a simples comentarios en un sitio web.

La líder del gremio también acusó a la jefe de la cartera de Ambiente de confundir a la opinión pública al referirse a la nueva área de reserva como parte del Páramo de Santurbán, cuando según ella y la comunidad minera está fuera de sus límites.

“Denunciamos que la ministra Susana Muhamad pretende confundir a la opinión publicada denominando a esta Área de Reserva como “de Santurbán”, pues precisamente el área reservada queda completamente por fuera del Páramo de Santurbán cuyo proceso de delimitación participativa fue ordenado por la Corte Constitucional, con lo que la ministra demuestra que está dispuesta a desconocer las órdenes de la máxima autoridad judicial del país y a las comunidades que creímos en el proceso de concertación”, añadió la presidenta de la Asociación de Mineros.

Las comunidades mineras de Santander han anunciado que se declararán en desobediencia civil, planean marchar en Bogotá con el apoyo de mineros de otros departamentos y recurrirán a acciones legales para detener la aplicación del Decreto 044. También han solicitado a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo de Estado que protejan los derechos de las comunidades afectadas.