
La Planta de Medicamentos Esenciales de la Universidad de Antioquia estaría a doce meses de convertirse en la primera en producir un medicamento a bajo costo para el tratamiento de VIH en el país, luego de que firmara un convenio con el Gobierno nacional para la producción y comercialización de Dolutegravir Triconjugado.
Con su fabricación en masa, se espera que mejore la calidad de vida del 50% de la población infectada (150.000 colombianos) que no puede acceder al fármaco por su precio: 480.000 pesos (109 dólares) por treinta tabletas.
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Según dijo Weber Orlando Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la UdeA, al diario El Tiempo, “se destinaron 2.500 millones de pesos en este convenio firmado entre la Universidad de Antioquia y los ministerios de Ciencia Tecnología e Innovación y Salud y Protección Social para realizar las diferentes etapas que implican: investigación, desarrollo, fabricación de lotes piloto, estudios de estabilidad y obtención del registro sanitario por parte del Invima”.
El proceso de fabricación será posible gracias a que el Gobierno utilizó, por primera vez, la figura de “licencia obligatoria” con la que se da exclusividad a un laboratorio o farmacéutica al producir un medicamento, en este caso, el Dolutegravir Triconjugado.
Y “¿por qué el Estado pone sus ojos en la Universidad de Antioquia? Porque es la primera vez que se usa en Colombia la modalidad de licencia obligatoria y la Universidad de Antioquia tiene la única planta pública de producción de medicamentos en el país certificada por el Invima”, precisó Ríos.
Contagios de VIH siguen aumentando, según datos del 2024:
Desde el 2020, los casos de VIH en Colombia han mostrado un aumento constante En 2023, se reportaron 17.516 nuevos contagios tras la realización de pruebas, un incremento frente a los 15.929 de 2022, los 14.984 de 2021 y los 11.231 registrados en 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud (INS), compartidos por el diario El Tiempo.
Este crecimiento preocupa, especialmente porque la mayoría de los casos corresponden a hombres (14.028 en 2023), mientras que las mujeres afectadas sumaron 3.488. La vía de transmisión predominante fue la sexual, con 14.028 casos, en contraste con los 87 contagios de madre a hijo y los 61 asociados al uso de estupefacientes inyectados.
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son las regiones con mayor incidencia de contagios. Este panorama podría explicarse en parte por un aumento en la realización de pruebas, aunque persisten barreras en poblaciones vulnerables, como comunidades indígenas, donde el acceso limitado al sistema de salud dificulta la detección temprana, señaló Mary Luz Bernal, experta en VIH. En sus declaraciones recogidas por el medio, Bernal destacó que muchas personas llegan a consulta en etapas avanzadas de la enfermedad.

Entre el 1° de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023, se registraron 14.670 nuevos diagnósticos positivos, según cifras de la iniciativa Cuenta de Alto Costo. El 59,35 % de estos casos corresponde a afiliados al régimen contributivo, siendo el 41,91 % detectado tras solicitud médica por cuadros clínicos sospechosos y el 35,98 % a petición de los propios pacientes.
El impacto más alto continúa en personas que ejercen servicios sexuales, representando el 62,12 % de los casos, aunque el acceso limitado a pruebas afecta también a otros grupos vulnerables. La detección temprana es crucial, ya que permite iniciar tratamientos con antirretrovirales que controlan el virus, evitando la progresión al SIDA y mejorando la calidad de vida de los pacientes, como recordó el periódico.

Sin embargo, persisten desafíos relacionados con el acceso a medicamentos. En julio, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, advirtió sobre interrupciones en tratamientos debido a problemas con las EPS, lo que incrementa el riesgo de complicaciones y facilita la transición al síndrome del SIDA.
Finalmente, Bernal planteó que el aumento de casos podría explicarse por la falta de tamizajes consistentes tras la pandemia o por un incremento en la realización de pruebas. “El acceso a estas pruebas puede hacerse a través de apoyos gubernamentales, pero en ocasiones las personas no acceden o el personal de salud no las solicita”, explicó.
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