Gobierno, empresarios y trabajadores ya definieron el cronograma de negociaciones para concertar el aumento del salario mínimo de 2025. Es así que, el 11, 12 y 13 de diciembre se hará la presentación de las propuestas de cada una de las partes y se hará el primer intento de concertación.
El panorama no pinta muy fácil, ya que lo que se especula es que los empleadores podrían ofertar entre el 6% y 8%, teniendo en cuenta que la inflación, dato clave que dará a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), podría cerrar noviembre de 2024 en 5,2%, mientras que los sindicatos laborales estarían pensando en una cifra de dos dígitos, por encima del 10%, pero no mayor al 15%, teniendo en cuenta una mejoría, entre otras cosas, del crecimiento económico del país (2% anual en septiembre) y la reducción del desempleo (9,1% en septiembre).
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No obstante, en la antesala a la la definición de la subida, que si no se concertar la puede establecer el Gobierno nacional por decreto, el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recomendó que sea de 6,2%; es decir, $80.600, lo que dejaría la remuneración en $1.380.600, teniendo en cuenta que para 2024 es de $1.300.000.
Incluso, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, comentó hace varias semanas que “debería ser un aumento de un solo dígito, porque pasamos a tener una inflación que en nuestras proyecciones cerraría el año cercano a 5% o 6%. Además, recordó que “tenemos una productividad que nos está mostrando algunas mejoras, pero con muchos cambios en algunos meses”.
Negociación en punto crítico
Ahora, ante comentarios y conceptos que van y vienen, desde la Academia empezaron a pronunciarse al respecto. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, habló del panorama que hay sobre la negociación que impactará de manera directa a más de dos millones de trabajadores y a decenas de productos y servicios el próximo año. El experto aseguró que el asunto está en un punto crítico, ya que hoy las centrales de trabajadores hablan de un incremento de, por lo menos, 10%.
Por eso, recordó que es muy importante destacar dos componentes: el primero de ellos es que la idea de actualización de salario mínimo es garantizar que los trabajadores colombianos no pierdan el poder adquisitivo. Y, el número dos, tiene que ver con reconocer que la inflación anual a lo largo del año en Colombia se redujo (desde 8,35%, en enero de 2024 a 5,41%, en octubre del mismo año, según el Dane).
“Cada vez hay menos presiones inflacionarias. El dato que tenemos para octubre de 2024 es una inflación que ronda el 5,4% de variación anual. ¿Esto qué significa? Significa que para el 2025 lo ideal sería tener un ajuste de entre el 5% y 6% del salario mínimo”, indicó.
Dos razones para que no haya aumento mayor
Sobre el hecho de por qué no avanzar en un incremento y un ajuste mucho mayor, explicó que hay dos elementos muy importantes para dar esa razón: por una parte, el riesgo inflacionario, debido a que un mayor incremento de salario mínimo implica que todos los productos y todos los bienes o servicios que se transan en la economía y que están indexados en el salario mínimo, necesariamente, van a subir.
Y, lo segundo, que es igualmente importante, dijo que es que hoy en Colombia se tiene a más de la mitad de la población laboral dentro de la informalidad: “El dato es cercano al 54% en el consolidado nacional, pero que llega a niveles del 80% en la Colombia profunda”.
El gran reto
Manifestó que el gran reto que se tiene es garantizar que estos incrementos de salario mínimo no destruyan nuevos empleos, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en Colombia necesitan seguir operando y será muy importante que en el diálogo y en la conciliación y en la concertación de cada uno de los objetivos de la fijación de salario mínimo se tenga en cuenta justamente esos elementos.
Recomendó el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, que, ojalá, por el bien del país, que se pueda tener, como sociedad civil, un resultado concertado entre trabajadores, Gobierno y empresas.
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