
En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón planteó una nueva propuesta con la que espera recaudar más recursos con los que podría invertir en materia de seguridad para el departamento. Se trata de la tasa especial de seguridad, un impuesto que se recaudaría mediante las facturas de los servicios públicos.
La iniciativa ya fue rechazada por el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, que en una respuesta a un derecho de petición aseguró que la implementación de la propuesta podría generar “inseguridad jurídica” para la empresa de servicios públicos domiciliarios y para los mismos ciudadanos. Además, explicó que no habría garantías de que la tasa se sostenga en materia legal.
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“Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo, se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar a su vez en la nulidad de la disposición que lo adopte”, precisó el gerente, citado por el medio local El Colombiano.

Al igual que EPM, los diputados del movimiento Creemos rechazaron la iniciativa de Rendón, basados en la postura de la empresa. La bancada aseguró que la nueva tasa impulsaría un deterioro en la cultura de pago que, con el tiempo, se vería reflejado en el aumento de la morosidad y del desempleo.
A la discusión en torno a los impuestos se unió el presidente Gustavo Petro. En su cuenta de X afirmó que la propuesta es sinónimo de una regresión que afectará negativamente a los ciudadanos del departamento. Desde su perspectiva, el impacto sería tal, que muchas personas dejarían de tener recursos para pagar su alimentación, ya que el dinero iría a parar a la tasa especial de seguridad.
“Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajadore(a)s en Antioquia. Mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el gobierno nacional bajará las tarifas de la luz”, sostuvo el jefe de Estado.

Impuestos que no afectarían a los estratos más bajos
El gobernador de Antioquia respondió al presidente Gustavo Petro, en aras de dar claridad sobre la aplicación de los impuestos. Según detalló, la tasa especial de seguridad tiene como fin acumular los recursos suficientes para fortalecer al sector de seguridad del departamento, el cual presuntamente habría sido abandonado por el Gobierno nacional. En ese sentido, la iniciativa plantea cuatro puntos de inversión:
- Adquisición de tecnología que apoye las labores de la fuerza pública, debido a que se ha disminuido el pie de fuerza.
- Mejorar la movilidad y la dignidad locativa de los soldados y policías.
- La construcción de más cárceles para reducir el porcentaje de hacinamiento en los centros de privación de la libertad que ya tiene el departamento.
- Mejorar la convivencia.

Asimismo, indicó que el 85% de los habitantes residenciales no tendrían que pagar ese impuesto adicional, puesto que pertenecen a estratos 1,2 y 3. Y, por su parte, el 60% de pequeñas industrias y comercios tendrían que dar un aporte reducido, de menos de $30.000 al mes.
“No es por cuenta de la tasa que se subiría el precio de la energía eventualmente en Antioquia. Ahí el causante sería la escasez que, Dios quiera no llegue, tiene origen en su odio a las hidroeléctricas y los proyectos de hidrocarburos”, añadió el funcionario.
De igual manera, instó al primer mandatario a no oponerse a la idea de dotar a la fuerza pública con herramientas que permitirá a los soldados y policías protegerse, teniendo en cuenta el recrudecimiento de la violencia en el país, en medio de ceses al fuego pactados entre el Gobierno nacional y algunas guerrillas.
“Presidente @petrogustavo, en Antioquia hacemos que las cosas pasen. Actuamos pensando en el bien común y justo por eso fui elegido por los Antioqueños”, escribió.

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