
El próximo 23 de noviembre, Colombia será escenario de una serie de marchas en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro.
Estas movilizaciones, conocidas como “23N”, se llevarán a cabo en varias ciudades del país, comenzando a las 10 de la mañana en puntos estratégicos de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
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En Medellín, los manifestantes se concentrarán en la glorieta del Centro Comercial Monterrey y se desplazarán hacia la Estación Estadio del Metro, continuando por la Avenida Oriental hasta llegar a la Antigua Estación del Ferrocarril en La Alpujarra.
RCN Radio informó que la marcha ha sido convocada por ciudadanos descontentos con las decisiones del gobierno de Petro, especialmente en áreas como el transporte y la economía.

José Fiesco, uno de los líderes de la movilización, destacó que “los transportadores del país se sumarán a la jornada contra el Gobierno Petro. Es marchar o marcharse, todos a las calles”. Además, se espera que la protesta se extienda a otros países, incluyendo Estados Unidos.
Esta jornada de protesta se produce 72 horas después de que el presidente Petro respaldara movilizaciones a favor de su administración, coincidiendo con el aniversario de la firma del acuerdo con las Farc y el llamado “estallido social”.
La marcha del 23 de noviembre cuenta con el apoyo de sectores políticos como el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, y Cambio Radical.

La senadora uribista María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, afirmó que “no nos vamos a dejar quitar el país. Hemos sufrido mucho los colombianos por tener el país que tenemos, en medio de tanta adversidad”.
Por su parte, El País de Cali destacó que los organizadores de la marcha buscan expresar su preocupación por temas de seguridad, economía y desarrollo, así como su rechazo a las reformas sociales propuestas por el gobierno, como las reformas a la salud, pensional y laboral.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, envió un mensaje al presidente Petro recordándole que “usted nunca estará por encima de la Constitución y la ley. Usted debe respetar los derechos fundamentales de todos los colombianos”.
La senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, también brindó una invitación a los colombianos para asistir a estas manifestaciones: “Todos listos para protestar contra el gobierno Petro, y celebrar nuestra democracia, para que nos sintamos orgullosos de ser colombianos”.

La Casa de Nariño ha asegurado que se garantizarán todas las condiciones para que la oposición pueda manifestarse, mientras que los organizadores de la marcha continúan llamando a la ciudadanía a participar activamente en esta jornada de protesta.
Por su parte, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, por medio de cuenta oficial de X, explicó los motivos por los cuales, al menos él, asistirá a las manifestaciones: “Estamos ante un auténtico intento de secuestro de la democracia por parte del petrismo. El próximo 23N saldremos en defensa de ella”.
Según Ruiz Orjuela, bajo el autodenominado nombre, “la nueva derecha”, afirma que uno de los puntos de conflicto es la supuesta persecución al Consejo Nacional Electoral (CNE). Se alega que la campaña del petrismo habría superado los límites de gasto electoral, lo que llevó a una serie de acusaciones y maniobras contra los magistrados del CNE. Según el comunicado, estos magistrados habrían sido objeto de sabotaje sistemático.
Otro tema de controversia es la gestión de los pasaportes. Se menciona que el ex canciller Leyva intentó reemplazar a la empresa Thomas Greg & Sons al vencer el contrato de pasaportes, pero tuvo que retractarse al no contar con otra empresa habilitada para asumir el contrato.
Además, se señala a Cielo Rusinque desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por promover una investigación que afectaría la libre competencia, con el objetivo de intervenir los contratos de la Registraduría. Esta acción también estaría dirigida contra Thomas Greg & Sons, lo que se interpreta como una invasión al sistema electoral.
Los organizadores se presentan como defensores de la democracia frente a lo que consideran un intento de secuestro de la misma por parte del gobierno actual.
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