La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Virna Jhonson Salcedo, alcaldesa de Santa Marta durante el periodo 2020-2023, debido a presuntas irregularidades en la remodelación de un centro de salud en el sector de Gaira.
Y es que, según explicaron desde el órgano de control, dicho proyecto, financiado con $5.050 millones del Sistema General de Regalías, afrontó retrasos y sobrecostos significativos.
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Al parecer, el proceso también involucra a Jonatan Nieto Gutiérrez, gerente distrital de Infraestructura, y a José Antonio Bernardelli Garrido, representante legal de la firma interventora de la obra.
Ante ello, la Procuraduría identificó que la alcaldesa habría omitido las gestiones necesarias para obtener la licencia de construcción antes del inicio de las obras, lo que habría contribuido a los problemas actuales.
Uno de los hallazgos más críticos es que la licencia de construcción fue negada en dos ocasiones debido a que el proyecto no cumplía con los requisitos técnicos, especialmente en cuanto a la distancia mínima respecto a una vía de doble calzada cercana.

Explicaron las autoridades que tal situación habría puesto en riesgo partes de la edificación, que podrían ser demolidas por invadir el espacio requerido.
Además, el órgano de control alegó deficiencias en los diseños hidráulicos y en el presupuesto destinado al sistema contra incendios, lo que agrava la situación del proyecto.
De hecho, las faltas atribuidas a los funcionarios públicos fueron calificadas provisionalmente como graves. En el caso de la exalcaldesa, se le acusa de culpa grave, mientras que al gerente de infraestructura y al interventor se les imputa dolo.

Estas acusaciones reflejan una serie de problemas administrativos y de planificación que han afectado el desarrollo del proyecto de salud en Gaira, generando preocupación sobre la gestión de los recursos públicos y la eficiencia en la ejecución de obras financiadas con regalías.
Y es que esta no es la primera ocasión en la que Virna Johnson es llamada a rendir cuentas por parte de la Procuraduría.
Virna Johnson ya había sido llamada a rendir cuentas por parte de la Procuraduría
Por ejemplo, en diciembre de 2023, el órgano de control citó a la entonces alcaldesa por presuntos errores en el proceso de licitación para contratar las obras del acueducto de El Curval.
Según explicó la Procuraduría en aquella ocasión, esta obra, que podría costarle cerca de $1.6 billones al país, tuvo luz verde por parte de la entonces dirigente “sin plena claridad frente a las observaciones hechas por el Ministerio Público a la licitación para la construcción del Acueducto El Curval”.
Las observaciones del órgano de control estaban basadas en las deficiencias que existían alrededor de la obra como el tipo de contrato, el plazo de ejecución, su forma de financiación y de pago establecida en los pliegos de condiciones.

“En el proyecto se busque comprometer presupuestalmente a la ciudad hasta el año 2052, además de poner en riesgo el patrimonio público, pues están en juego 1,6 billones de pesos”, explicaron.
Ante ello, desde la Procuraduría solicitaron la presencia de la exdirigente para el martes 5 de diciembre de 2023 en Bogotá; esto, como una rendición de cuentas.
El caso llegó al punto que la Contraloría General de la Nación intervino para que se iniciara control preventivo al proceso licitatorio para la construcción del nuevo Acueducto de Santa Marta “específicamente al contrato que se suscriba, así como a la ejecución del proyecto”.
De hecho, en aquella ocasión, la Contraloría afirmó que la medida se tomaba con el objetivo de hacer seguimiento a los riesgos que se han evaluado hasta la fecha y a los que se puedan presentar durante el desarrollo de la obra.
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