Jorge Carmona, un destacado defensor de los derechos humanos de la población carcelaria en Medellín, denunció recientemente que después de doce años ha sido víctima de amenazas de muerte.
Las intimidaciones contra el defensor de los derechos de ese grupo poblacional se registraron el jueves 7 de noviembre, de acuerdo con la denuncia, cuando llegaron varios mensajes a través de WhatsApp de un número desconocido para Carmona.
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De acuerdo con la denuncia revelada por el medio de comunicación local El Colombiano, las amenazas de muerte que recibió el defensor de los derechos de los presos en Medellín lo llevaron a solicitar protección.
Aunque hasta el momento, por más de 20 años, Carmona nunca necesito un esquema de protección pues desde hace aproximadamente 12 años no lo habían hostigado o atentado en su contra, con los mensajes intimidantes que recibió le solicitó al Estado seguridad especial para continuar desarrollando su labor.
Carmona, que tiene amplia experiencia abogando por los derechos de las personas privadas de libertad, es el representante legal de la Veeduría Penitenciaria Nacional. En declaraciones recogidas por El Colombiano, expresó su preocupación por la seguridad de su familia y la suya propia, destacando que no había enfrentado amenazas similares.
El defensor de derechos humanos explicó que las amenazas llegaron mientras participaba en un programa radial dedicado a la dignidad de los presos.
“Mi labor es netamente humanitaria y en pro de la dignidad y los derechos humanos de toda la población privada de la libertad en este país, especialmente en Medellín y el departamento de Antioquia”, afirmó Carmona, según el medio.
Aunque no se atreve a señalar directamente a los responsables de las amenazas, Carmona sugiere que podrían estar relacionadas con sus constantes denuncias sobre las deficiencias del sistema carcelario y penitenciario, así como el fenómeno de corrupción que lo rodea. Estas declaraciones fueron realizadas tras presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.
La situación de Carmona pone de relieve los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente aquellos que trabajan en temas sensibles como las condiciones carcelarias. La falta de un esquema de protección previo a las amenazas subraya la vulnerabilidad de estos activistas en su labor diaria.
Condiciones de la población carcelaria en Colombia es deplorable, según la Contraloría
Un informe de la Contraloría General de la República reveló un alarmante caso de negligencia en varias cárceles de Colombia, destacando la falta de entrega de 24.645 raciones de alimentos en el centro penitenciario El Barne-Cómbita durante diciembre de 2023.
Este hecho, valorado en $382.120.725, no solo vulnera el derecho fundamental a la alimentación de los reclusos, sino que también incrementa el riesgo de disturbios dentro de las instalaciones penitenciarias.
La auditoría realizada por la delegada para el Sector Justicia de la Contraloría identificó 68 hallazgos con implicaciones disciplinarias, principalmente relacionados con la producción de alimentos en centros como Cobog–Picota, Epmsc Cartagena–Bolívar, Coiba Ibagué-Picaleña, Epmsc Girardot–Cundinamarca y Cpamseb El Barne-Cómbita.
Según el informe, las condiciones insalubres y deficientes en la producción y distribución de alimentos no solo afectan la dignidad de los internos, sino que también representan una amenaza directa para su salud.
El informe detalla que la falta de medidas higiénicas adecuadas, la carencia de equipos y utensilios en condiciones óptimas, y la manipulación insegura de alimentos por parte del personal son factores que comprometen la seguridad alimentaria de los productos suministrados a los reclusos.
Además de los problemas relacionados con la alimentación, el componente de salud también se ve afectado en estos establecimientos. En el caso del Cpms Cartagena, se han identificado fallas significativas que agravan la situación de los internos, quienes ya enfrentan condiciones de vida precarias.
La Contraloría ha señalado que estas irregularidades son un reflejo de la mala gestión y la falta de supervisión adecuada en el sistema penitenciario del país. La situación actual pone en grave riesgo la salud y la integridad de las personas privadas de la libertad, lo que exige una intervención urgente por parte de las autoridades competentes para garantizar condiciones dignas y seguras en las cárceles colombianas.
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