Fiscalía imputó nuevos delitos a Olmedo López y Sneyder Pinilla: advirtió coimas por medio de convenios entre la ANT y Ungrd

En el Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, Juzgado 48, se llevó a cabo una nueva audiencia contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por el escándalo de corrupción en la entidad.

López y Pinilla escucharon una nueva imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento.

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El ente acusador explicó cuál fue la supuesta participación de César Manrique, director de la Función Pública en el escándalo de corrupción. Según la Fiscalía, Manrique y Olmedo López “acordaron” pagar coimas por el 7 por ciento de los recursos extraídos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), proporcionadas por un convenio de más de cien mil millones de pesos.

“Usted, señor Olmedo de Jesús López, desde julio 2023, gestionó con Luis Carlos Barreto y César Manrique, la modificación del convenio celebrado entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de reducir su valor en cien mil millones de pesos, generar y trasladar los recursos restantes”, indicó la Fiscalía.

La Fiscalía también precisó que López, Pinilla en compañía de Luis Barreto, entonces funcionario de la Ungrd, quien también se encuentra capturado por este caso, acordaron que a través de convenios en la ANT saldrían recursos para realizar anticipos para supuestamente realizar todo el entramado criminal.

“El 25 de septiembre de 2023 usted asistió, en compañía de Luis Carlos Barreto como subdirector de conocimiento de la UNGRD, César Augusto Manrique, director de la función pública, y Diana Carolina Martínez, asistente del director, a una reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras a la que también concurrieron el director Gerardo Vega y sus asesores, con el propósito de acordar la modificación del convenio”, explicó el fiscal encargado de imputar a las personas mencionadas.

Según la Fiscalía, en las reuniones participaron César Manrique para supuestamente para acordar coimas del 7 por ciento, que saldrían de los convenios entre la ANT y Ungrd en contratos de 100 mil millones de pesos.

“En contraprestación a la intervención de Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto, usted permitió que esos direccionaran a los empresarios cercanos la contratación para el suministro de tanques plásticos para la reserva de agua a cambio de un porcentaje”, señaló la Fiscalía.

Y agregó: “Por la colaboración de César Manrique y Luis Carlos Barreto, que realizaron en la liberación de los 100.000 millones de pesos del convenio, usted (Olmedo López) acordó el pago de una coima del 7 % del valor de ese convenio”.

La Fiscalía General de la Nación también imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros. Según el ente acusador, los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sabían lo que estaban haciendo.

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal a los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Esta decisión surge tras la evaluación de pruebas recopiladas por la policía judicial y testimonios de la Fiscalía General de la Nación.

El documento menciona que durante su tiempo en posiciones de liderazgo en el Senado y la Cámara de Representantes, Name Vásquez y Calle Aguas habrían recibido pagos en efectivo del exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Pinilla Álvarez, a cambio de su influencia en la adjudicación de estos contratos.

Además, se sospecha que habrían utilizado los recursos obtenidos para financiar campañas electorales de mandatarios locales y regionales, relacionadas con las elecciones del 29 de octubre de 2023.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema determinó que hay suficientes indicios para proceder con la investigación formal, ya que los actos imputados podrían constituir delitos que afectan la administración pública.

Según el comunicado, como parte del proceso, se citó a los congresistas a indagatoria y se emitieron órdenes para la recolección de más pruebas.