Bancada Caribe en el Senado respaldó demanda de Mauricio Gómez contra valorización en vía al mar: estos son los motivos

La denominada bancada Caribe del Senado de la República expresó, el miércoles 6 de noviembre, el firme rechazo al impuesto de valorización propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro, para la vía Cartagena-Barranquilla. Este tributo, según los congresistas, liderados por el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, impactaría, en particular, a los departamentos del Atlántico y Bolívar, con una carga económica significativa.

En efecto, el titular del Legislativo, que además hace parte del partido Conservador, fue uno de los que se pronunció en contra del cobro socializado por la ministra de Transporte, María Constanza García, al considerarlo como “un cobro ilegal, excesivo y confiscatorio”. Y todo porque el gravamen asciende a $2,4 billones y se aplicaría sobre avalúos comerciales, lo que triplica el valor catastral. “Mi solidaridad con lo que está sucediendo a Atlántico y a Bolívar”, enfatizó el congresista.

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“Grava a escuelas, a centros de salud, a estratos tres de la población, a poblaciones casi enteras y que se comenzará a aplicar, según el Ministerio de Transporte, a partir de marzo. Además, no sobre avalúos catastrales como se suele cobrar la valorización, sino sobre avalúos comerciales”, enfatizó Cepeda, que no ocultó su preocupación por la puesta en marcha de este cobro, que traería consecuencias negativas para los que viven en esta región del territorio nacional.

Radicaron demanda ante la Corte Constitucional

Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, interpuso una demanda en contra de la implementación de este impuesto. En primer lugar, cuestionó su legalidad, ya que se pretende basar el cobro en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo de 2023, que establecería que la valorización podría cobrarse cinco años antes y después de la obra. “Sin embargo, la vía aún no ha sido completada”, afirmó el congresista.

Es por esto que radicó una demanda en la Corte Constitucional, en la que explicó que el artículo es inaplicable, ya que “la ley no puede ser retroactiva”. Ambos congresistas, Cepeda y Gómez, hicieron énfasis en las dificultades adicionales que enfrenta la región, al señalar que, más allá del nuevo impuesto, los departamentos también lidian con “las onerosas tarifas de energía eléctrica” y las empresas que suministran el servicio, Air-e y Afinia.

“No sabemos qué ha pasado con Atlántico y Bolívar, que todos los días nos ponen un impuesto o nos rebajan el presupuesto”, agregó Cepeda. Durante su intervención, el presidente del Congreso cuestionó la presentación del impuesto como una solución viable para financiar la obra inconclusa de la carretera, que apenas cuenta con un 35% de ejecución, como fue recibida, con base en una normativa de 2016.

Y es que no solo la bancada de estas dos regiones han hecho pública su oposición a esta medida en la región, también los sectores económicos, que se verían perjudicados por el nuevo tributo. En su declaración ante los medios, los senadores recordaron cómo de parte del Ejecutivo se recortó, en un 32,6%, el presupuesto para el Atlántico; aunque a Bolívar este rubro aumentará en 2025 en un 2,6%. A lo que se suma la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027.

“No sé por qué esa saña con la región Caribe y en este caso con Atlántico y Bolívar”, reafirmó Cepeda, en lo que sería un claro deterioro en la percepción ciudadana hacia la administración nacional, debido a decisiones políticas que, en su concepto, poco favorecen a las regiones más afectadas. Esta es una nueva polémica a la que tendrá que hacerle frente el Ejecutivo, que pretende implementar este tipo de tributo en diferentes zonas del país.