Ordenan la suspensión de minería en dos canteras de Ciudad Bolívar, en Bogotá, por daños ambientales: se afectaron miles de metros

En respuesta a denuncias por parte de la comunidad, la Corporación Autónoma Regional (CAR) ordenó el cese inmediato de las operaciones en dos canteras ubicadas en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, por presuntos incumplimientos en normatividad ambiental que han generado serias afectaciones al entorno. La medida preventiva, anunciada por la Dirección Regional Bogotá-La Calera de la CAR, destaca las irregularidades en la explotación minera que vulneran el marco legal y los estudios de impacto ambiental previamente aprobados.

El operativo se realizó luego de que habitantes de la zona manifestaran su preocupación ante la CAR, que, en coordinación con su equipo técnico, realizó una inspección en los dos puntos específicos, situados en la vía Los Alpes, sector de Quiba. En el primer caso, se identificaron actividades fuera de los límites autorizados de explotación, la autoridad reportó un deterioro ambiental significativo en aproximadamente 5.800 metros cuadrados, situación que provocó la inmediata intervención de la autoridad ambiental.

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De acuerdo con la autoridad, “la operación estaría por fuera de los diseños incluidos en el estudio de impacto ambiental aprobados en 2023, la cual determina que el área permitida de explotación de la empresa equivale a un total de 175.226 m² y no se autoriza ninguna intervención por fuera del polígono”. La entidad gubernamental destacó que los responsables deberán restaurar las áreas afectadas conforme a lo estipulado en la licencia ambiental; medida que busca frenar el impacto y reparar los daños provocados por la expansión no autorizada en la cantera.

Por su parte, en el segundo punto inspeccionado, también en el sector de Quiba, se constató una situación que compromete la legalidad de las actividades extractivas. Aunque la CAR había otorgado en 2010 una licencia ambiental que permite la extracción de hasta 48.000 metros cúbicos de materiales de construcción al año, la entidad identificó que la empresa que ejecuta la explotación no es la misma que posee la licencia.

Según informó la autoridad ambiental, “la empresa que hace la explotación no es la misma que tiene la licencia ambiental y que funge como depositaria de otra compañía que participa en la actividad económica”. Esta irregularidad, que involucra a terceros en la operación, plantea un incumplimiento a las condiciones iniciales de la licencia, lo que agrava las responsabilidades de los titulares frente a los impactos ambientales generados.

Sandra Milena Santafé Patiño, directora de la CAR Bogotá-La Calera, indicó para el diario El Espectador, la entidad ordenó de forma preventiva detener de inmediato las actividades en ambas canteras: “Se impuso medida preventiva ordenando la suspensión inmediata, además de exigirles el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los estudios de impacto ambiental, en la licencia ambiental y en la restauración de estos territorios”.

Este incidente resalta las tensiones y desafíos en la regulación de la minería de pequeña y mediana escala en zonas urbanas y semiurbanas de Bogotá. Ciudad Bolívar, con su alta densidad poblacional y biodiversidad en áreas rurales aledañas, se convirtió en un área sensible ante la presión de actividades industriales que comprometen tanto el bienestar ambiental como la salud de sus habitantes. Este caso, en particular, evidencia la necesidad de una vigilancia estricta para asegurar que las licencias ambientales se respeten no solo en papel, sino en la ejecución de los proyectos.

La intervención de la CAR y la suspensión de actividades en estas canteras reflejó una respuesta contundente ante la preocupación creciente de los habitantes de la zona por los daños al suelo, la vegetación y la calidad del aire. La Corporación Autónoma Regional indicó que, además de exigir la restauración de las áreas dañadas, se llevará a cabo un seguimiento riguroso para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas por parte de las empresas responsables, y enfatizó la posibilidad de sanciones adicionales si se detectan mayores incumplimientos o daños.