Luego de que la Superintendencia de Salud publicó un comunicado de prensa en el que se refirió a una serie de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos en las EPS que, en su mayoría, se encuentran bajo intervención estatal, pero no coadministradas por la entidad, se han conocido varias críticas por parte de opositores sobre el funcionamiento de las entidades, asegurando, incluso, que el remedio resultó peor que la enfermedad.
En el comunicado, la Superintendencia explicó que el pasado 22 de septiembre de 2024 recibió información que relacionaría a Mario Andrés Urán, asesor vinculado a la EPS Coosalud, con, supuestamente, interferir en procesos administrativos y financieros de otras EPS intervenidas por el Gobierno nacional.
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Por tal motivo, en la tarde del miércoles 30 de octubre de 2024, a través de una publicación en su cuenta de X, el exministro de Salud Alejandro Gaviria manifestó su rechazo y preocupación tras el anuncio de la Superintendencia Nacional de Salud sobre posibles irregularidades en la gestión de algunas EPS.
Gaviria, que en repetidas ocasiones ha sido crítico de la gestión del sistema de salud en Colombia, publicó: “La Supersalud denuncia ante la Fiscalía presuntos hechos de corrupción en las EPS intervenidas por la Supersalud. Peor el remedio que la enfermedad. Terrible”.
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Las acusaciones y medidas tomadas por la SNS
En respuesta a las denuncias recibidas, la Superintendencia de Salud informó que entre el 24 y el 25 de septiembre de 2024, se llevaron a cabo auditorías simultáneas en cuatro EPS: Coosalud (no intervenida), Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), Asmet Salud y Emssanar.
Durante estas diligencias, que se registraron en las sedes administrativas de las EPS en Cartagena, Cali, Popayán y Pasto, los equipos de inspección recabaron información que sugieren prácticas irregulares en la administración de recursos de salud.
Entre las posibles irregularidades, la Superintendencia señaló:
- Confabulación y dirección de contratos: se acusó a Mario Andrés Urán de dirigir contratos hacia determinadas IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) a través de las EPS intervenidas.
- Pagos concentrados sin justificación: las auditorías identificaron una concentración de pagos en algunas IPS, mientras otras entidades de salud quedaron relegadas en cuanto a los recursos destinados para su operación.
- Sobrecostos en intervención: la Superintendencia también reportó que se habrían destinado pagos a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores, lo que generó sobrecostos en los procesos de intervención.
- Autorización previa de recursos: los interventores, supuestamente, debían solicitar autorización a Urán para decidir el giro de recursos de las EPS.
- Favorecimiento en compras a ciertos laboratorios: a través de la intervención de Urán y dos colaboradores, Indira Ocando y Tony Negrette, se habría establecido un plan de compras para beneficiar a ciertos laboratorios y marcas.
- Perfilamiento de funcionarios: la Superintendencia informó que, presuntamente, se habría realizado un perfilamiento a algunos funcionarios de la entidad, lo que atentaría contra su integridad y afectaría su independencia en las labores de supervisión.
La Superintendencia de Salud dejó claro en el comunicado que las EPS bajo intervención no son coadministradas por la entidad, sino que se mantienen en un régimen de inspección y vigilancia.
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Según la Superintendencia, las irregularidades encontradas llevaron al superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, a presentar formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 22 de octubre de 2024, en la que solicitó una investigación exhaustiva sobre las pruebas recopiladas.
Por lo tanto, a medida que la Fiscalía avanza en su investigación, la atención se centrará en si estas auditorías y denuncias conducen a sanciones efectivas que disuadan futuras irregularidades.
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