En un fallo reciente, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Colombia condenó a tres exgobernadores del departamento de La Guajira a prisión domiciliaria por irregularidades en la contratación pública en 2002.
Los exgobernadores Hernando David Deluque Freyle, Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Fragozo Daza fueron sentenciados a nueve años de prisión domiciliaria por su participación en contratos sin cumplir con los requisitos legales.
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El caso se originó cuando Hernando David Deluque asumió como gobernador electo de La Guajira, y los otros dos exgobernadores actuaron como encargados.
Durante su gestión, se detectó un fraccionamiento irregular en un contrato para pavimentar un tramo de la carrera 13 en Riohacha, lo que llevó a la investigación y posterior condena.
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La Corte Suprema, en su fallo, destacó que los exfuncionarios violaron los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal.
La sentencia, dictada por el magistrado Jorge Caldas, impuso a Deluque una pena de 117 meses de prisión y una multa de 2.364,12 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por su parte, Builes y Fragozo recibieron condenas de cien meses de prisión y multas de 131 salarios mínimos, además de una inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 105 meses.
El proceso judicial comenzó en 2009, cuando se investigó a los exgobernadores por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
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Sin embargo, la Corte precluyó las investigaciones por peculado y concierto para delinquir, concentrándose en las irregularidades de contratación.
La Corte Suprema también señaló que, aunque el proyecto de pavimentación fue inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, la falta de planificación adecuada llevó a la suspensión de la obra el mismo día de su inicio, ya que no se habían completado las obras de alcantarillado necesarias.
Además, se criticó la falta de estudios serios y completos para adjudicar el contrato, lo que resultó en un retraso de cinco meses para el reinicio de la obra.
Finalmente, la Corte concedió a los tres exgobernadores el beneficio de prisión domiciliaria, bajo la condición de suscribir un compromiso y coordinar con el Inpec la vigilancia correspondiente. Este caso resalta la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación pública en Colombia.
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Carrotanques inactivos al fin avanzan hacia La Guajira tras resolver bloqueo administrativo
La Procuraduría General de la Nación ha anunciado que se ha logrado destrabar el proceso para asegurar los carrotanques destinados a abastecer de agua a las comunidades de La Guajira.
Estos vehículos, adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), han estado inactivos debido a problemas administrativos y de gestión, lo que ha afectado gravemente a las comunidades Wayuú, quienes dependen de ellos para el suministro de agua potable.
El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, reconoció las dificultades enfrentadas para poner en funcionamiento los carrotanques, que fueron comprados en cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017. Esta sentencia obliga al Estado colombiano a garantizar el acceso al agua potable para la comunidad Wayuú.
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Sin embargo, los vehículos se encuentran en estado de deterioro y han permanecido estacionados durante meses en dos unidades militares de La Guajira: la base de Uribia y el Batallón de Infantería Mecanizado número 6 en Riohacha.
El problema no solo radica en la falta de uso de los carrotanques, sino también en irregularidades en su adquisición, como la compra con pólizas de seguro falsificadas, lo que ha impedido su adecuado funcionamiento. Carrillo admitió que las aseguradoras han mostrado reticencia a proporcionar cobertura debido a estas irregularidades.
La crisis del acceso al agua en La Guajira ha sido un tema persistente que ha afectado especialmente a las comunidades indígenas, quienes han enfrentado años de precariedad en el suministro de este recurso vital. A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional para mitigar esta situación, los problemas en la gestión de los recursos han complicado la implementación de soluciones efectivas.
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La Procuraduría ha asegurado que mantendrá una vigilancia preventiva para garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas, buscando asegurar que los carrotanques puedan finalmente cumplir con su propósito de abastecer de agua a las comunidades necesitadas.
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