
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que priorizará una investigación contra Moisés Garvin por un presunto esquema de contratación pública que habría operado desde 2022 durante el gobierno de Gustavo Petro, según el expediente en la entidad, a través de empresas que simulaban competir entre sí para concentrar adjudicaciones estatales.
El expediente bajo análisis abarca más de 300 contratos por cerca de $2 billones, en las sociedades Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam, que formalmente concurrían como oferentes independientes, pero que de acuerdo con la evidencia que tiene en su poder la superintendencia oficiarían como una red que favorecía al hombre, conocido como ‘El Marqués’.
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La SIC busca establecer si las tres compañías coordinaron su participación en procesos de selección para crear una apariencia de pluralidad de propuestas y aumentar sus posibilidades de obtener contratos del Estado. La entidad asocia el entramado con Garvin, que es en la actualidad esposo de la excandidata presidencial y abogada penalista Sondra Macollins.
La investigación en curso abrió un frente administrativo y, de la misma manera, trasladó información a organismos con competencias penales, fiscales y financieras. En consecuencia, la Superintendencia remitió copias a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
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La SIC examina si tres empresas simularon competir por contratos estatales
La autoridad vigilante sostuvo que la conducta bajo revisión habría alterado las condiciones de concurrencia en los procesos públicos. “Su participación conjunta no respondía a una competencia real, sino que buscaba simular pluralidad de oferentes para facilitar la adjudicación de contratos a favor del señor Garvin”, señaló la SIC en su pronunciamiento.

Entre los elementos que serán revisados figuran cambios de nombre o razón social, movimientos de directivos entre las sociedades, coincidencias en las juntas directivas y vínculos personales entre integrantes de las organizaciones. Esos aspectos buscan determinar si las firmas respondían a una misma coordinación pese a presentarse como competidoras.
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El informe también relaciona a Garvin, cuyo primer nombre fue Moisés Hernández, con un portafolio que incluye a Edured: una comercializadora de vinos argentinos, además de una joyería de alta gama y un complejo turístico situado entre Cartagena y Barranquilla, y que tenía a Sebastián David Hernández, hijo de Garvin, como representante de algunas sociedades.
Procuraduría ya impuso una inhabilidad de 14 años a Moisés Garvin
En su comunicación, la Superintendencia de Industria y Comercio incluyó en su comunicación antecedentes disciplinarios de Moisés Garvin. De acuerdo con la entidad, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó por irregularidades en la ejecución de contratos estatales con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 14 años.
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A esto se suma que la Secretaría de Transparencia también rastrea posibles maniobras de colusión y eventuales operaciones de lavado de activos relacionadas con el grupo empresarial. En ese sentido, las actuaciones del ente se encuentran en etapa de análisis para establecer si hubo coordinación empresarial y afectación a la libre competencia.
Durante la campaña presidencial, Garvin impulsó junto con su esposa, la excandidata Macollins, el movimiento Partido Digital Colombia Soy Yo. Bajo esta plataforma, la abogada, que es apoderada de David Murcia Guzmán, el creador de la red de captación ilegal DMG, se presentó en los comicios del 31 de mayo, con un saldo de solo 17.369 votos (0,08%).
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Ante los cuestionamientos en su contra, el 19 de febrero de 2025 Garvin negó en una entrevista con la entonces emisora W Radio su participación en las entidades investigadas y sostuvo que las acusaciones respondían a una persecución política vinculada con las aspiraciones presidenciales de Macollins para 2026; que a la postre no prosperaron.

Moisés Garvin reaccionó a decisión de la SIC: “Estoy dispuesto a declarar”
Frente a lo anunciado por la entidad, el implicado rechazó los señalamientos que lo vinculan con un presunto esquema de contratación pública a través de Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam. A través de un comunicado, el empresario sostuvo que se trata de una investigación en curso y afirmó, frente al particular, que “la Constitución garantiza la presunción de inocencia”.
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Asimismo, señaló que las acusaciones surgieron durante el gobierno Petro, a partir de declaraciones del entonces secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Según la misiva de Garvin, presentó una denuncia penal por injuria y calumnia el 18 de febrero de 2025 contra el exfuncionario, también exministro de Justicia (e), que aún no registra avances en la Fiscalía.
Por ello, en su carta la superintendente María Rocío Cortés Vargas, expresó su disposición a declarar y entregar información, pero también pidió que su denuncia reciba el mismo tratamiento que han tenido las informaciones en su contra. “Si hay urgencia para investigar, que la haya para todos. La justicia no puede avanzar en una sola dirección”, puntualizó el involucrado.
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