Enrique Gómez pidió desmontar la JEP y Carolina Corcho le respondió fuerte: “Les cierra la puerta a los militares que se sometieron”

El senador y líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, pidió desmontar las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando termine el período previsto para 2028 y sostuvo que esa decisión permitiría trasladar recursos a la justicia ordinaria.

Sus declaraciones surgieron después de que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, rechazara una propuesta relacionada con la estructura y el presupuesto de ese tribunal.

En una entrevista con Noticias RCN, Gómez afirmó que Ramelli respondió sin considerar la situación fiscal del país ni el funcionamiento interno de la jurisdicción transicional. “El dinero de los contribuyentes no es de los funcionarios públicos”, señaló el senador al cuestionar la defensa de la planta de personal de la entidad.

El congresista sostuvo que ninguna estructura burocrática se elimina por decisión propia porque depende de recursos públicos. También rechazó que, a su juicio, el presidente de la JEP presentara el debate presupuestal como una situación de afectación institucional.

Gómez dijo que las salas de la JEP deben cerrarse en marzo de 2028

El senador planteó que las salas de la JEP deben concluir sus labores en marzo de 2028, fecha que identificó como el fin de su período. Según expuso, la salida de esas dependencias liberaría cerca de la mitad de los $813.000 millones de gasto anual que atribuyó a la jurisdicción.

Para Gómez, esos fondos podrían destinarse a los despachos de la justicia ordinaria, que atraviesan limitaciones presupuestales. “Se necesitan urgentemente en la justicia ordinaria”, expresó durante la entrevista.

El legislador cuestionó además el funcionamiento de los despachos de los magistrados durante los primeros cinco años de operación del tribunal. Aseguró que los integrantes del Tribunal para la Paz no tuvieron decisiones que revisar ni recursos que tramitar durante ese lapso, debido a la ausencia de condenas, fallos y actuaciones apelables.

Gómez indicó que el tribunal cuenta con 20 magistrados y que cada uno dispone de cuatro magistrados auxiliares, además de 32 funcionarios adicionales por despacho. En ese contexto, cuestionó que esa estructura se mantuviera sin que, según su interpretación, hubiera actividad correspondiente a sus competencias.

“El camino es aceptar” el cierre de las salas en 2028, afirmó. También señaló al presidente de la jurisdicción por haber autorizado 1.200 contratos de nómina paralela, una decisión que, a su entender, contradice los argumentos sobre la necesidad de preservar los recursos y la estructura administrativa.

Carolina Corcho respondió que la jurisdicción tendrá actividad después de 2028

La exministra de Salud y senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, respondió a Gómez mediante una publicación en X. La dirigente cuestionó la interpretación del senador sobre el plazo de las salas y aseguró que la JEP mantiene tareas pendientes más allá de 2028.

“Nadie se victimiza”, escribió Corcho, quien recordó que existen 300.000 víctimas acreditadas en los macrocasos abiertos por la jurisdicción. La exfuncionaria señaló que el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 fija 2028 como límite para concluir las acusaciones, pero establece otros cinco años de actividad jurisdiccional.

Según Corcho, presentar el fin de las acusaciones como el cierre total de las salas implica desconocer el diseño del sistema transicional. También sostuvo que la discusión presupuestal en el Congreso corresponde a 2027, año en el que, de acuerdo con su planteo, esas dependencias continuarán en funcionamiento.

La exministra destacó que las salas han emitido 1.019 de las 1.070 renuncias a la persecución penal concedidas por la JEP. De ese total, indicó, el 95% benefició a integrantes de la fuerza pública.

Corcho afirmó que eliminar esas instancias podría afectar a militares que se sometieron a la jurisdicción y aportaron información sobre hechos investigados.

“Desmontarlas no le quita peso a la impunidad; les cierra la puerta a los militares que se sometieron y dijeron la verdad, para que resuelvan su situación jurídica y sigan vulnerables en procesos en tribunales internacionales por las obligaciones del Estado Colombiano”, afirmó.

La senadora añadió que esos comparecientes permanecerían expuestos a procesos ante tribunales internacionales por las obligaciones del Estado colombiano.