Trabajador penitenciario denunció “la ineficacia” de los brazaletes del Inpec: “No son efectivos, son costosos”

La fuga de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi sigue generado críticas contra el Gobierno nacional, pero también sobre el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), puesto que el llamado “Pablo Escobar santandereano” tenía poca vigilancia tras recibir el beneficio de casa por cárcel.

De acuerdo con las autoridades, una alerta del brazalete que tenía en uno de sus tobillos “Pichi” fue lo que provocó que uniformados se acercaran hasta la vivienda en la que se estaba quedando el criminal en Medellín, haciendo que se generaran dudas sobre la funcionalidad de estos objetos.

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Ante esta situación, Noticias Caracol habló con Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, para hablar sobre los brazaletes que, según el Inpec: “Se usan con los usuarios que requieren de una atención especial y que tienen restricciones a su movilidad mientras pagan su condena por algún delito medio o grave”.

En primer lugar, el trabajador penitenciario se enfocó en los señalamientos que ha recibido el Inpec tras la fuga de “Pichi”, indicando que la fiscalía sabía que este criminal es peligroso y aun así, permitió que recibiera el beneficio de casa por cárcel.

“Nosotros como trabajadores penitenciarios sentimos indignación porque, cuando sale un escándalo de ese tamaño, los alcaldes, los gobernadores y la misma sociedad dicen que al Inpec se le voló. A los trabajadores penitenciarios los lapidan con este suceso. Ese señor (alias Pichi) fue investigado y le faltó dientes a la Fiscalía para que le imputara otros delitos. Ya teniéndolo ahí era fácil imputarlo, pero este es el debido proceso, esta es la justicia en Colombia”.

Debido a que los alcaldes de Medellín y Bucaramanga, además de otras figuras políticas, han culpado a los trabajadores de la entidad por este hecho, Robayo afirmó que estos son “sofismas y trinos maliciosos en contra del Inpec” y que su deber es “como trabajadores penitenciarios, defender nuestra posición y nuestra competencia legal”.

Sobre los brazaletes, el presidente de la UTP indicó: “llevamos 14 años denunciando la ineficacia, la precariedad y lo costoso de estos brazaletes electrónicos. En este momento hay 60.000 personas privadas de la libertad con detención o prisión domiciliaria y solo 6.000 son los que tienen este beneficio”.

De la misma forma, denunció que por estos objetos se pagan grandes cantidades de dinero a pesar de que no cumplen con su función, asegurando que la casa por cárcel en Colombia es más un aspecto de confianza en el presidiario.

“Son contratos al año de 70.000 millones de pesos que manejan algunas empresas. Se convierte en un monopolio. Unas empresas que convierten en uniones temporales son con las únicas que prestan estos servicios que no son eficaces para el cumplimiento de la pena. La detención domiciliaria es una medida de confianza que imparten los jueces a personas privadas de la libertad, pero los brazaletes no son efectivos, son costosos y no están cumpliendo con su función”.

Debido a esta situación, Robayo indicó que los políticos deberían enfocarse en hacer que los recursos sean utilizados en cosas que funcionen y no en los brazaletes que actualmente tiene el Inpec, señalando las empresas que actualmente están a cargo de los contratos que criticó.

“Están enriqueciendo los bolsillos de empresas privadas cuestionadas como Artix o Prepacol, que se convierten en uniones temporales y ganan este tipo de licitaciones. Sería bueno, después de que todo esto termine, que el congreso evaluara sacar esta medida dentro del ordenamiento jurídico del derecho penal en Colombia. Nosotros tenemos ciertas competencias y muchísimas falencias de personal, pero la Policía y la misma Fiscalía podrían prestar vigilancia a esto. Hoy se asombran porque se voló Pichi, pero ¿dónde están las medidas preventivas para evitar que esto pase?”.