Registraduría respondió a alerta sobre millonario contrato electoral: pidió autonomía en el proceso

Una reciente controversia entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Registraduría Nacional se originó cuando Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, solicitó el 7 de octubre de 2024 que se detuviera la adjudicación de un millonario contrato para la implementación de una solución logística, tecnológica, informática y de servicios que se utilizará en la organización y realización de las elecciones en Colombia.

Este contrato, que asciende a $41.000 millones, ya había pasado por todas las etapas legales requeridas. Sin embargo, Idárraga subrayó la urgencia de su petición, argumentando que, “se identificaron acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes, facilitando que al mismo contratista le sea adjudicado”.

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Inquietudes sobre la ejecución del contrato

Además, el secretario de Transparencia apuntó que las condiciones del contrato podrían llevar a una remuneración problemática, ya que “implicaría la remuneración establecida en el contrato, se plantea contra ofrecimientos dentro de la etapa de cierre del proceso, donde no ha procedido la designación de una supervisión ni mucho menos la suscripción de un contrato”.

Con respecto a la información que se debía proporcionar a los oferentes, Idárraga enfatizó que, “los oferentes dispongan de información suficiente y previa para generar un ofrecimiento que satisfaga los requerimientos del contrato al cierre del proceso de selección y que serán aprobados, y reconocidos para pago, cuando se suscriba el mismo”. Esto, según él, es esencial para que el proceso de selección cumpla con las normas de contratación estatal.

El alto funcionario también hizo hincapié en que la experiencia exigida en el proceso podría limitar severamente la participación de potenciales contratistas, dado que, “podría cerrar las condiciones de acceso, ya que al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría”.

La respuesta de la Registraduría

En respuesta a la solicitud de la Secretaría de Transparencia, la Registraduría emitió una carta que, aunque no fue firmada por el registrador Hernán Penagos, reafirmó su autonomía como entidad independiente del Gobierno. La carta, dirigida a Iveth Lorena Solano Quintero, coordinadora para el Análisis, Prevención e Innovación de la Lucha contra la Corrupción de la Secretaría de Transparencia, destacó que las observaciones de Idárraga eran similares a las que había presentado otro interesado en el proceso de contratación, sugiriendo que estos temas ya habían sido revisados y analizados exhaustivamente por las áreas técnicas de la Registraduría.

“Esto sugiere que se están tratando temas que ya han sido minuciosamente revisados y analizados por las áreas técnicas responsables de la entidad. Esta evaluación no se limitó únicamente a la fase de planificación, sino que también se llevó a cabo en el contexto de una evaluación exhaustiva de los argumentos presentados por los participantes en la convocatoria pública”, se afirma en la carta firmada por varios altos funcionarios de la Registraduría, incluyendo a Carlos Antonio Coronel, registrador delegado en lo electoral, y otros miembros clave del equipo técnico y administrativo de la entidad.

La Registraduría también respondió a los reparos específicos de la Secretaría de Transparencia sobre el acceso plural de oferentes y el plazo de ejecución del contrato. Afirmaron que, “se ha explicado en el marco del estudio previo y de las respuestas a las observaciones de los interesados, que debe tenerse en cuenta la necesidad de cumplir con unos cronogramas electorales, los trámites presupuestales previos al proceso de selección del contratista y el proceso de selección mismo”.

El documento explica que, “los plazos contractuales previstos son producto de las diferentes etapas del calendario electoral como lo son el cierre de inscripción de candidatos o del censo electoral, base de cualquier certamen democrático, y que conllevan que tanto el objeto como su alcance dependan del cierre o vencimiento de estos”.

En ese sentido, la Registraduría dejó claro que, “no existe una limitación injustificada a la pluralidad de oferentes” y que, “las circunstancias que rodean el certamen electoral no pueden cumplirse o agotarse en plazos diferentes a los planteados, toda vez que se trata de etapas preclusivas de orden legal”.

Requisitos habilitantes y su justificación

Finalmente, la Registraduría también se refirió a los requisitos habilitantes que, según la Secretaría de Transparencia, no cumplían con los principios de la contratación estatal. En su carta, afirmaron que “la Registraduría Nacional revisó nuevamente las exigencias de experiencia y capacidad financiera y operacional, encontrando que ellas son adecuadas con el objeto del contrato y proporcionales con el presupuesto y las actividades a ejecutar”.

Los funcionarios de la Registraduría enfatizaron que toda la información requerida por la Presidencia está disponible en los estudios y documentos previos elaborados por la entidad, los cuales están publicados en el Secop II. En relación con la solicitud sobre el listado de empresas identificadas en el sector, que tengan un sistema de información requerido para el contrato, la Registraduría concluyó que, “esa es la finalidad de la convocatoria pública que se está adelantando”.

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