
Héctor Alfonso Carvajal, el defensor del presidente de la República, Gustavo Petro, en la investigación que le inició el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña electoral, por la presunta violación de topes en 2022, aseguró que si continuaban con ese proceso, tendrían incluso que echar para atrás sus propias decisiones, ya que superaron el tiempo establecido por ley para llevar a cabo esas indagaciones, señaló durante una entrevista en el emblemático programa de televisión Pregunta Yamid.
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El abogado del jefe de Estado explicó que esta situación sería consecuencia de la prescripción para llevar a cabo ese proceso de investigación a la campaña, que se da un mes después de que se lleven a cabo los comicios.
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“Hay una disposición donde dice que en relación con el candidato que resulte elegido presidente, esa facultad de investigar la campaña por la violación de topes solamente puede hacerse en relación con denuncias o quejas que se formulen sobre esos aspectos dentro de los 30 días siguientes a la elección. Si pasado ese lapso no se ha presentado ninguna denuncia, ya no se puede abrir”, reiteró.
Carvajal aclaró que esto no quiere decir que si se conocen “de delitos” u otras irregularidades, después de ese periodo, no se lleven a cabo investigaciones, pero estas debía realizarlas en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por el fuero del mandatario.
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Y fue más allá señalando de que en caso de que hubiera una “violación de topes”, sería la Contraloría la que tendría que abrir el proceso y no el CNE, ya que tendría que recuperar recursos del Estado. Y en caso de que haya posibles delitos, reiteró que se tendrían que compulsar copias a la Comisión de Acusaciones.
Afirmó, además, que “la ciudadanía puede estar tranquila porque no habría impunidad” porque no se está ocultando nada, y “las cuentas estaban claras y aprobadas”.

El reconocido jurista aunque ha tenido una aparición discreta en los medios, es recordado por haber gestado el histórico encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe y el actual mandatario, Gustavo Petro, justo después de los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 donde Petro resultó vencedor.
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Posteriormente, fue considerado por el jefe de Estado para la terna de candidatos destinada a reemplazar a Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, debido a su edad, 68 años, no tenía posibilidades.
A mediados de mayo, asumió la defensa de Petro ante el CNE, y comenzó a argumentar que dicho organismo, al ser una autoridad administrativa, no podría seguir adelante con el proceso al mandatario, ya que habría una vulneración a su fuero presidencial.
“El propósito de solicitar se decrete la NULIDAD de toda la actuación surtida en el presente asunto, por falta de competencia y por lo mismo, abstenerse, al momento de estudiar el proyecto que ha circulado en los medios, de formular pliego de cargos contra mi representado (sic)”, indicó entonces a través de un comunicado.
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