El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se prepara para tomar una decisión crucial sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. El martes 8 de octubre, los magistrados del Consejo evaluarán si formulan cargos contra el primer mandatario y abren una investigación formal por presuntas violaciones a los límites de gasto establecidos por la ley durante su campaña de 2022. Según La FM, esta decisión podría marcar un hito, ya que ninguna investigación previa relacionada con un presidente en funciones ha avanzado tanto.
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El tribunal, compuesto por nueve magistrados con derecho a voto, acordó una reunión en la sala plena para discutir la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Para que la propuesta sea aprobada, se requiere de al menos seis votos a favor. Según las proyecciones, los magistrados Prada, Ortiz, César Lorduy, Alfonso Campo, Maritza Martínez y Cristian Quiroz estarían dispuestos a apoyar la formulación de cargos, alcanzando así el número necesario de votos.
Por su parte, las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez han manifestado su intención de votar en contra de la ponencia. La posición de Altus Baquero, quien recientemente se reincorporó al tribunal tras una decisión de la Corte Constitucional, sigue siendo incierta.
La investigación preliminar sugiere que la campaña de Petro podría haber excedido los límites de gasto en más de 5.000 millones de pesos. De confirmarse estas irregularidades, el artículo 109 de la Constitución Política establece que podría haber sanciones que incluyan la pérdida de investidura o del cargo.
La reunión que dio inició sobre las 9:20 de la mañana del 8 de octubre tuvo como primer resultado que se archivara una de las indagaciones contra campaña presidencial de Petro. Se trata puntualmente de la relacionada con publicidad anticipada por el evento de la P en Barranquilla.
Luego de que archivaran una de las investigaciones, el presidente Petro no dudo en reaccionar en su cuenta de X: “Era obvio que una acto hecho seis meses antes de comenzar la campaña electoral no se podía sumar a los gastos de la campaña, porque se trata no de un gasto de campaña sino de una reunión política que es un derecho fundamental en la constitución”.
Añadió que: “De esta misma manera está hecha la nueva ponencia, acusando a nuestra campaña de hechos falsos: sumando gastos de hechos por fuera de la campaña, trastocando permisos de vuelo por horas de vuelo que es muy diferente, transformando aportes de sindicatos a partidos como si fueran a campañas, sumando facturas de dos fases diferentes legalmente de la campaña para hacer sobrepasar los topes en una fase”.
El evento de la P
El 10 de septiembre de 2021 en la Plaza de la Paz en Barranquilla se llevó a cabo un acto cultural masivo como preludio para la campaña presidencial de Petro en el Caribe colombiano. Lo que captó la atención fue la singular tarima en forma de la letra “P”, una clara alusión al apellido del precandidato presidencial, desde donde se dirigió a los asistentes congregados para escuchar su discurso.
El evento no solo fue notable por su estructura escénica, sino también por el respaldo financiero que recibió. Nicolás Petro Burgos confirmó que el empresario Euclides Torres fue quien financió el evento, específicamente en lo que respecta a las tarimas y la publicidad. Sin embargo, los detalles exactos de los pagos realizados por Torres no han sido completamente esclarecidos.
La campaña de Petro
El informe final del CNE indica que la campaña de Petro habría superado los límites de gasto establecidos por más de 5.300 millones de pesos y habría recurrido a fuentes de financiación prohibidas durante las dos vueltas de las elecciones presidenciales.
Entre las irregularidades detectadas, se destaca que la campaña no reportó aportes de Fecode por un monto de hasta 500 millones de pesos. Además, no se declaró un préstamo de 500 millones de pesos realizado por el Polo Democrático Alternativo. También se omitió el pago a testigos electorales, que ascendió a 931 millones de pesos, y no se reportaron gastos por propaganda electoral ni contratos publicitarios con Caracol Televisión, ambos por 356 millones de pesos. Asimismo, se identificaron 202 millones de pesos recibidos por la empresa Ingenial Media para la operación de testigos electorales y más de 1.200 millones de pesos en vuelos privados pagados a la Sociedad Aérea de Ibagué.
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