El debate sobre la regulación de las actividades sexuales pagas en Colombia tomó un nuevo rumbo, tras la reciente mesa de diálogo impulsada por el Ministerio de la Igualdad, en la que participaron organizaciones y empresarios vinculados a este sector. Este encuentro generó gran controversia, especialmente entre las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres sobrevivientes a la explotación sexual, quienes critican la falta de atención a sus demandas.
Desde la Fundación Empodérame, que lucha por la protección y dignificación de las mujeres afectadas por la explotación sexual, su coordinadora, Sara Jaramillo Gómez, expresó su frustración ante lo que considera un desinterés del ministerio hacia las mujeres que desean dejar esta actividad. “Llevamos mucho tiempo intentando que el Ministerio de la Igualdad escuche a las mujeres sobrevivientes. No es solo cuestión de hablar con empresarios del sexo, hay muchas otras voces que necesitan ser atendidas”, señaló Jaramillo en su intervención en Blu Radio.
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Por otro lado, Charlotte Schneider, directora de la dependencia para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas del Ministerio, explicó la complejidad de la situación, destacando que la intención del Gobierno no es fomentar la prostitución, sino proteger los derechos de las mujeres que se encuentran en esta actividad. “Nuestra prioridad es evitar que estas mujeres caigan en redes de trata y ofrecerles alternativas seguras, independientemente de si deciden continuar o abandonar esta profesión”, aclaró Schneider.
Uno de los principales puntos de debate es la postura del Gobierno ante la creación de una dependencia para regular las actividades sexuales pagas. Algunas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres interpretan esto como una forma de legitimar la prostitución como trabajo, lo que despertó críticas en diferentes sectores. Sin embargo, Schneider insistió en que la iniciativa no tiene como objetivo validar la explotación sexual, sino garantizar un entorno más seguro para quienes eligen ejercer esta actividad y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades de reinserción para quienes desean dejarla.
“Queremos protegerlas a todas, a las que quieran salirse y a las que quieran continuar para que lo hagan de manera digna”, señaló Schneider, haciendo énfasis en que el enfoque de la dependencia es prevenir la violencia de género y luchar contra la trata de personas.
En cuanto al número de mujeres que ejercen la prostitución de forma voluntaria en el país, no existen cifras concretas. Según Schneider, se está trabajando en un estudio de caracterización de la oferta de servicios sexuales pagados en Colombia, lo que permitirá tener un panorama más claro sobre la situación real de estas mujeres y tomar decisiones de política pública más informadas. Este análisis resulta clave para definir estrategias que respeten los derechos de todas las personas involucradas en esta actividad, sin importar su decisión de permanecer o salir del contexto del trabajo sexual.
El debate
La actividad sexual paga genera un debate profundo con argumentos a favor y en contra. Quienes defienden su legalización como actividad laboral destacan que, al regularse, se pueden garantizar los derechos laborales de quienes lo ejercen de forma voluntaria, ofreciendo acceso a seguridad social, mejores condiciones de trabajo y protección legal. Para muchas mujeres, esto representa una opción económica legítima, y al contar con un marco legal adecuado, se reducirían los riesgos de explotación y violencia.
Por otro lado, los críticos sostienen que la legalización de la actividad sexual podría normalizar una actividad que perpetúa la desigualdad de género y la explotación. Consideran que muchas personas se ven obligadas a ejercer la prostitución por falta de alternativas, lo que profundiza la marginalización y vulnerabilidad. Además, señalan que es difícil separar el trabajo sexual de fenómenos como la trata de personas y la explotación sexual, lo que agrava el problema social y ético en torno a esta actividad.
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