En medio de una crisis que involucra a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, se han revelado prácticas sospechosas relacionadas con los pagos a clínicas y hospitales, específicamente en las EPS Emssanar, SOS y Asmet Salud, entidades que se encuentran intervenidas por el Gobierno.
Una reciente investigación de Caracol Radio ha puesto en la mira a un individuo que parece tener una influencia inusual sobre las operaciones de estas EPS: Mario Andrés Urán.
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Urán ha sido señalado como un “lobista” del sector salud, con vínculos a escándalos previos, como el desfalco de Caprecom o el “carrusel de la contratación”. A pesar de que no tiene ninguna relación formal con la Superintendencia de Salud, ni es contratista de estas EPS, su papel en la gestión de pagos de EPS intervenidas por el Gobierno se ha vuelto sospechoso.
Según la información recabada por Caracol Radio, los vicepresidentes y los interventores de Emssanar, SOS y Asmet Salud le comparten y consultan mensualmente las postulaciones de pagos a acreedores antes de reportarlo a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad del Gobierno encargada de la intervención.
Esto ha generado preocupación sobre la falta de transparencia y la posible manipulación de los procesos financieros en estas EPS. A través de correos electrónicos obtenidos, queda claro que la comunicación entre Urán y los altos funcionarios de estas EPS es constante y, en ocasiones, indica un nivel de control que debería estar ausente en una relación profesional adecuada.
Correos sospechosos
Uno de los correos que llama la atención es el enviado el 16 de julio de 2024 por Edgar Zamudio Pulido, vicepresidente financiero de Emssanar EPS, a Mario Andrés Urán. En este mensaje, Zamudio adjunta la “postulación final de junio para julio” y menciona ajustes enviados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Este tipo de comunicación muestra que las decisiones sobre los pagos a clínicas y hospitales están siendo consultadas con una persona que carece de legitimidad oficial.
Otro caso similar se observa en un correo de Lida Milena Arbeláez, vicepresidenta financiera de Asmet Salud, quien el 14 de junio de 2024 envió un documento de postulación de pagos a Urán, junto con información sobre presupuestos del régimen subsidiado y contributivo. Estos correos, que evidencian una inusual dependencia de Urán por parte de los ejecutivos de estas EPS, se suman a la preocupación de que su injerencia podría estar influyendo negativamente en la adecuada gestión financiera de las entidades.
La Superintendencia de Salud ha sido alertada sobre esta situación y confirmó al medio citado no conocer a Urán ni tener información sobre su interés en estas operaciones. Esto ha llevado a que se inicie una indagación formal, en la cual funcionarios de la Superintendencia ya han tomado copias de los discos duros de los computadores de las directivas de Emssanar, SOS y Asmet Salud.
Las siete EPS intervenidas acumularon más de 463.000 reclamos
La situación financiera de las EPS intervenidas se ha vuelto crítica. Según la senadora Paloma Valencia, las siete EPS bajo intervención han acumulado más de 463.000 reclamos, superando las cifras de años anteriores. Este incremento en los reclamos se traduce en una creciente insatisfacción entre los afiliados, quienes enfrentan demoras en la atención y falta de acceso a servicios esenciales.
Valencia también señaló que, hasta la fecha, Nueva EPS ha recibido 45.752 tutelas, superando los registros de 2022, mientras que Sanitas ha acumulado 26.596 tutelas y Famisanar 9.634. “La UPC es insuficiente, aún en las EPS intervenidas por el gobierno, donde desaparece la supuesta dilapidación de los recursos por parte de las EPS”, afirmó Valencia en su cuenta de X, enfatizando que de cada $100 que ingresan para salud, algunas EPS están gastando más de lo que reciben.
El impacto de esta crisis se refleja también en la cartera vencida, que ya supera los $1 billón, un aumento significativo en comparación con el año anterior. Sanitas, por ejemplo, ha visto cómo su deuda a IPS mayor a 360 días ha pasado de no tener ninguna a más de $265.000 millones en solo unos meses. La senadora destacó que las EPS intervenidas acumulan deudas de más de $4,5 billones, con un 71% de esta deuda dirigida a clínicas privadas.
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