
Pocas horas después de la denuncia pública hecha por la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano sobre el recorte presupuestal para dos organismos electorales, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), ad portas de las próximas elecciones presidenciales y legislativas del país, el Gobierno nacional le salió al paso a la congresista y dio un reversazo en su propuesta.
Así lo indicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que la cartera de Hacienda ya está trabajando para radicar un nuevo anexo que permita garantizar a la Registraduría y al CNE la conservación de los presupuestos inicialmente incluidos en la primera ponencia presentada en julio.
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“No se le va a quitar ningún peso. El ministro de Hacienda ya tomó las correcciones para que con una proposición, la Registraduría quede con el presupuesto original”, señaló Cristo en una reciente rueda de prensa.
Incluso, Cristo aseguró todo se trató de una confusión en el momento de redactar la nueva ponencia y que, contrario a lo expuesto por la senadora Angélica Lozano sobre el golpe del Gobierno a la democracia del país, el Ejecutivo trabajó para brindar mayores garantías a los organismos electorales y así ofrecer mayor autonomía a instituciones como la Registraduría y el CNE.
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“Aquí hubo una equivocación en la ponencia y se pasó para una partida global del Ministerio de Hacienda. Ya el ministro de Hacienda tomó el colectivo con una proposición y hasta ahí llega la discusión. Espero se registre que esta es la primera vez que no se va a depender del Ministerio de Hacienda para el tema de las elecciones”, concluyó Juan Fernando Cristo.
Sin embargo, mientras el Gobierno nacional confirmaba su error en la ponencia, un grupo de cuarenta congresistas radicaron una proposición al proyecto para que se descontara de las arcas del Ministerio de Hacienda más de 2.5 billones de pesos que, a su vez, serían regresados a la Registraduría General de la Nación.
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“Más de 40 congresistas de las comisiones económicas vamos a corregir el golpe abusivo que dio el gobierno a la democracia quitándole los recursos a la Registraduría”, señaló la senadora Angélica Lozano en sus redes sociales.
De hecho, la misma congresista había denunciado en la mañana de este martes que funcionarios de la cartera de Hacienda habían confirmado que no se trataba de un error y que, por el contrario, entendían que la propuesta podría ser alarmarte para varios sectores políticos.

Asimismo, en medio del debate que se adelanta en el Congreso de la República con la participación de las comisiones económicas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó lo que ocurrió en la nueva proposición y que dejó al Gobierno nacional en el ojo del huracán.
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Según comentó, la Registraduría siempre ha tenido garantizados los recursos y que, a pesar del error, los dineros del organismo electoral lo ha manejado históricamente la cartera de Hacienda, previa solicitud de la institución electoral.
“La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene los recursos para desarrollar la jornada preelectoral del año 2025. Siempre los ha tenido, nadie se los ha retirado. El mecanismo expedito que siempre ha existido es que como la Registraduría tiene en el periodo preelectoral situaciones que no son necesariamente permanentes, sino transitorias, esa transitoriedad siempre se ha resuelto en términos de que los recursos están en la bolsa del Ministerio de Hacienda y se entregan sobre solicitud del registrador”, expresó el ministro con un tono alterado.
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Asimismo, aseguró que el Gobierno nacional no planea apoderarse de las elecciones que se avecinan en 2026 y que las denuncias expuestas por la senadora Angélica Lozanos son un simple tema de interpretación de los mecanismos presupuestales.
“Nadie está aquí atacando los procesos electorales. Es solamente un mecanismo de procedimiento ¿dónde debe quedar la plata? O en el Ministerio de Hacienda o en la Registraduría, pero si llegan a quedar en la Registraduría como está planteándose, ese recurso no puede volverse permanente, en el sentido en el que los años no electorales no tienen la misma necesidad de adjudicación de recursos”, concluyó el ministro.
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