En la mañana del lunes 23 de septiembre se conoció que el preacuerdo entre Nicolás Petro y la Fiscalía General de la Nación se cayó, por filtraciones que se habrían dado desde la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, según informó de manera preliminar la emisora W Radio.
El hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
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El equipo de defensa de Petro estaba en conversaciones con la Fiscalía para negociar ciertos términos, pero las autoridades consideraron que la negociación no cumplía con las advertencias previas. Esta situación resultó en la anulación de la decisión que podría haber favorecido a Petro.
Según informó Julio Sánchez Cristo, director de La W, la Fiscalía advirtió a los abogados de Petro sobre los términos de la negociación, lo que llevó a las autoridades a revocar una decisión que podría haberle otorgado beneficios adicionales.
“La filtración de los abogados terminó poniendo en riesgo y acabando la posibilidad del preacuerdo. La propia directora de Lavado de Activos les advirtió que no lo hiciera, y lo hicieron”, reveló Sánchez Cristo.
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¿Cuál era el preacuerdo con la Fiscalía?
El caso de Nicolás Petro ha captado la atención mediática durante todo el año, y con la salida del fiscal Francisco Barbosa y la llegada de Luz Adriana Camargo se percibía un posible cambio en su rumbo.
La revista Cambio fue la primera en señalar que ambas partes habían comenzado a negociar un preacuerdo para evitar un juicio que podría ser agotador y arriesgado tanto para la defensa de Petro Burgos como para el ente acusador.
El medio afirmó que inicialmente el caso había sido asignado al fiscal Mario Burgos, quien denunció que, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, su hijo recibió dinero de personas cuestionables con la promesa de invertirlo en la campaña. Sin embargo, estos fondos fueron apropiados, resultando en un incremento patrimonial injustificado de 1.053 millones de pesos.
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A pesar de estas graves acusaciones, la Comisión de Disciplina Judicial lo acusó de filtrar videos de la captura e interrogatorio de Nicolás Petro. Esta acción derivó en su retirada del caso, bajo la suposición de que podría haber incurrido en abusos de poder durante el procedimiento.
Con la llegada de Lucy Marcela Laborde como nueva fiscal del caso, tanto Petro como su defensa habían reiniciado conversaciones para alcanzar un preacuerdo que beneficiara a todas las partes. Cambio destacó que los aplazamientos continuos de las audiencias preparatorias fueron una señal de que ambas partes estaban explorando varias propuestas para llegar a un entendimiento.
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Una de las opciones estudiadas era que la fiscal realizara un “ajuste de legalidad”, solicitando al juez la reconsideración de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, sustituyéndolos por estafa agravada.
Fuentes informadas del caso aseguraron a Cambio que otra propuesta era negociar únicamente el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y eliminar el de lavado de activos. Estas soluciones permitirían que Nicolás Petro solicitase cumplir su pena en casa, en lugar de ir a prisión.
Además, el portal reportó que jueces consultados consideraron que la pena por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público oscila entre 11 y 13 años de prisión, mientras que por estafa agravada la condena puede variar entre 3,5 y 18 años.
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El abogado defensor de Nicolás Petro había cuestionado el delito de lavado de activos argumentando que los bienes adquiridos por Petro, como una casa en Villas de Palmarito (Tubará, Atlántico) por 334 millones de pesos y un Mercedes Benz por 200 millones de pesos, se hicieron a nombre de terceros.
Asimismo, aseguró que Petro ocultó dinero recibido de exnarcotraficantes y empresarios en bolsos y cajas fuertes, pero que estos actos fueron resultado de una estafa y no de lavado de activos.
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