Pese a sentencia del tribunal de Cundinamarca, que les otorgó millonaria indemnización, víctimas del asbesto en Colombia señalan que es insuficiente la reparación de Eternit

El pasado cinco de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que la empresa Eternit Colombiana SA, dedicada al sector de la fabricación de materiales de construcción, fue condenada a pagar una multa de 12.700 millones de pesos a las víctimas del asbesto, un producto utilizado para la producción de tejas.

Sin embargo, veinte días después de la sentencia, el grupo de víctimas de este producto manifestaron su inconformidad con la sentencia proferida por el tribunal, al considerar que el fallo desconoce al Estado y al Congreso de la República como responsables de emitir normas frente al cuidado de la salud de los colombianos.

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“Consideramos que estas carecen de sustento jurídico y en especial desconocen la responsabilidad estatal frente al daño causado por la omisión legislativa por parte del Congreso de la República de Colombia, frente la obligación legal de legislar y cuidar a cientos de colombianos frente a las corporaciones como Eternit y otras, en especial, la obligación de hacer cumplir las normas supra legales constitucionales como los convenios y acuerdos internacionales en materia de salud y trabajo”, expresó Fabián Gómez, abogado coordinador de víctimas de asbesto en Colombia, en declaraciones a Infobae Colombia.

Así mismo, el jurista advirtió que se buscarán otras alternativas para modificar el sentido del fallo del Tribunal de Cundinamarca.

“Desde ya señalamos, que tomaremos todas las acciones legales correspondientes y presentaremos los recursos frente a la decisión, con el fin de que se modifique el sentido y fallo de la sentencia, además para que se cree un fondo de indemnización en el que en un periodo de latencia de más de 30 años todavía las personas afectadas por esta enfermedad puedan ser susceptibles de reparación”, comentó.

Igualmente, Gómez lamentó que “durante estos 13 años de proceso y de su lentitud, el tribunal emitiera una sentencia que, más que beneficiar o reparar a las víctimas con el fallo, lo que genera es desconsuelo e incertidumbre por los cientos de víctimas que no son del municipio de Sibaté, pero que han sido diagnosticadas con asbestosis”.

Agregó que la sentencia “no recoge el sentir de la necesidad que verdaderamente se repare a las víctimas, sino que existe un vacío enorme sobre la responsabilidad de estado que beneficia a las corporaciones que fabrican productos a base de asbesto”.

Finalmente, el defensor de las víctimas de asbesto en Colombia señaló que, aunque es un paso trascendental, permanecerán en la lucha de otras familias afectadas por este producto. “Nosotros enviamos un abrazo y condolencias igualmente a todas las personas que durante estos 13 años de lucha han perdido a sus familiares o han tenido que soportar el flagelo de un cáncer por culpa del asbesto, y no descansaremos hasta que se repare a la totalidad de las víctimas del territorio nacional”, concluyó.

Lo que dice el fallo del Tribunal de Cundinamarca que falló a favor de las víctimas de asbesto

En el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se le ordenaba a la empresa Eternit SA. pagar una indemnización de 12.700 millones de pesos a las víctimas y familiares de otras víctimas provocadas por el uso de este material.

“Condénase a Eternit Colombiana S.A. (sic) a pagar una indemnización de doce mil setecientos (12.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes al grupo afectado, en los términos indicados en la parte motiva”, se lee en el documento.

Además, el Tribunal de Cundinamarca también advirtió a Eternit que, “como forma de reparación integral,1) a la emisión de un comunicado a la opinión pública, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de esta providencia, en el que ofrezca excusas por los perjuicios causados a raíz de la utilización del amianto en procesos industriales”.

Igualmente, el documento menciona que la compañía tendrá que emitir una circular interna “sobre la consideración de evidencia científica en el desarrollo de productos y servicios que impliquen riesgos para la salud humana y el medio ambiente, en los términos indicados en la parte motiva”.