Un grave riesgo de cortes en el servicio de energía eléctrica amenaza a Bogotá. La concejala Clara Lucía Sandoval, del Partido Liberal, advirtió que alrededor de 2,8 millones de capitalinos podrían verse afectados, especialmente, en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá, durante las horas pico de la tarde/noche, exactamente, entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.
Esta advertencia pone en el centro de la discusión el futuro energético de la capital colombiana y la urgente necesidad de inversiones en infraestructura.
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El Grupo Energía de Bogotá (GEB) informó que las localidades mencionadas son las más vulnerables ante esta posible afectación, debido a la creciente demanda energética y la falta de desarrollo de líneas de transmisión clave. Las infraestructuras que deberían abastecer a la ciudad desde las estaciones de Chivor, Sogamoso y Nueva Esperanza no han sido construidas, lo que podría reducir la capacidad de respuesta ante el aumento de la demanda en un 60%.
Demoras desde hace años
La concejala Sandoval, por medio de un video, aseguró que, “estos proyectos han sufrido demoras desde el Gobierno Santos y, ahora, bajo el Gobierno Petro, las licencias para las 350 torres están represadas en el despacho de la ministra de Ambiente (Susana Muhamad), quien está asumiendo competencias de la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). Sin esas torres, los proyectos no podrán funcionar y la ciudad podría quedarse sin luz en 2026″.
Este retraso en los permisos y la falta de acción del Gobierno generan una creciente preocupación sobre la sostenibilidad del suministro eléctrico.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Colombia ya ocupa el segundo lugar a nivel mundial en inflación energética, y un incremento en las tarifas solo empeoraría la situación, por lo que la concejal advirtió sobre el impacto económico que tendría este posible déficit energético. Al no contar con energía suficiente de fuentes más económicas, como las hidroeléctricas, sería necesario recurrir a fuentes más costosas, lo que podría provocar un aumento del 50% en las tarifas eléctricas, lo que afectará de gran manera a los hogares bogotanos.
Para intentar contrarrestar este déficit, desde 2023 se puso en funcionamiento la planta termoeléctrica de Zipaquirá (Cundinamarca). Sin embargo, esta solución temporal generó serios impactos ambientales. Termozipa produjo, hasta marzo de este año, aproximadamente 800.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), una cifra alarmante que agudiza los problemas de contaminación en Bogotá y sus alrededores.
De acuerdo con la cabildante, para compensar las emisiones de esta planta, la ciudad necesitaría 15 días consecutivos sin circulación vehicular, lo que demuestra el enorme reto ambiental que esto representa.
Transición energética
A pesar de estos desafíos, Sandoval aclaró que no se opone a la transición energética ni a la protección del medio ambiente.
En cambio, hizo un llamado a que se tomen decisiones responsables, basadas en una visión de desarrollo sostenible y enfatizó que las políticas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, si bien están orientadas a acelerar la transición energética, podrían estar saboteando el proceso al no agilizar los proyectos necesarios para asegurar el suministro de energía en la ciudad.
“Las políticas populistas pueden tener efectos negativos para la ciudadanía y el medio ambiente”, puntualizó la concejal de Bogotá al destacar la importancia de que se priorice la construcción de las líneas de transmisión y se adopten políticas energéticas más eficientes y sostenibles con un enfoque equilibrado que considere tanto el desarrollo económico como la sostenibilidad ambiental.
Mientras se discuten soluciones a largo plazo, los ciudadanos continúan bajo la amenaza de apagones y tarifas cada vez más altas, por lo que el llamado desde el Concejo de Bogotá es a ejecutar acciones inmediatas por parte del Gobierno y las entidades responsables.
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