
Durante los dos años del Gobierno de Gustavo Petro se han registrado más secuestros que durante todo el periodo de su predecesor, Iván Duque. Así lo denunció el representante a la Cámara del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, que, basado en los datos entregados por la Policía Nacional, hizo el preocupante parangón, que evidencia –a su juicio– el recrudecimiento de este fenómeno en el actual mandato.
De acuerdo con Uscátegui, durante la administración Petro, con corte al 13 de septiembre de 2024, se han contabilizado 616 secuestros, mientras que en los cuatro años de la gestión Duque se documentaron 586 casos. Es decir, se han registrado 30 más entre uno y otro periodo, pese a que de parte del Gobierno se había implementado la política de Paz Total con el objetivo de llevar tranquilidad.
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Los departamentos más afectados por esta ola de secuestros son Norte de Santander, con 92 casos; Antioquia, con 91; y Valle del Cauca, con 70 secuestros. El caso más reciente tuvo lugar en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca, donde la concejal Sandra Milena Betancourt fue secuestrada por un grupo armado al margen de la ley, de acuerdo con lo dicho por el parlamentario.

El aberrante proceder de los grupos subversivos afecta, desde su perspectiva, no solo a las víctimas directas y sus familias, sino también a las comunidades, pues siembran el miedo y la desconfianza. Además, de que este tipo de delitos, condenados por organismos internacionales, alteran la percepción de los ciudadanos sobre la capacidad de sus gobernantes para protegerlos.
Venezuela, el nuevo ‘Caguán’
Para el denunciante, es claro que, con ello, el fracaso de la Paz Total con las distintas estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central de las Farc, es un hecho, pues de forma reiterativa han incumplido los ceses al fuego en el marco de las negociaciones y han recurrido al secuestro para financiar sus prácticas al margen de la ley; que vulneran los derechos humanos.
“Secuestran a un comerciante colombo-libanés también este fin de semana en Maicao, en La Guajira; y dicen que están haciendo planes candados para que no se lo lleven a territorio venezolano, que es el nuevo ‘Caguán’ que tenemos en Colombia y América Latina donde pueden delinquir a sus anchas y pareciera que no sucediera nada”, indicó Uscátegui, que ha liderado en el legislativo una lucha contra este flagelo.
Una mención a la recordada zona de distensión durante los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana Arango con las Farc, que se llevaban a cabo en San Vicente del Caguán (Caquetá), pero que después de tres años no prosperaron. Se rememora de aquella época, entre otros sucesos, el secuestro de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, y de los 11 diputados del Valle del Cauca.

Y es que a juicio del congresista, el aumento de los secuestros no solo refleja un problema de seguridad, sino también de gobernabilidad en algunas regiones del país, en los que el Estado no tendría presencia.
Los índices de secuestros, en el contexto histórico, han sido un indicador recurrente de los niveles de violencia y criminalidad en Colombia. A lo largo de las últimas décadas, diferentes administraciones han implementado políticas enfocadas en la reducción de este delito, tanto del orden público como privado, aunque a juzgar por las cifras el Gobierno Petro se estaría “rajando” en este indicador.
El congresista hizo énfasis de esta preocupante tendencia y pidió, de parte del Ejecutivo, una atención prioritaria y una respuesta efectiva por parte de las autoridades, en pro de garantizar la seguridad en los territorios y, del mismo modo, mitigar el accionar de los grupos armados ilegales. Un reclamo hecho el mismo día en el que el ELN atacó una base militar en Arauquita, con balance dos muertos y 25 heridos.
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