Congresistas contradijeron al Gobierno Petro y aclararon qué pasa con la falta de convenios para pagar deuda a bancos

El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, lanzó una preocupante advertencia sobre la delicada situación financiera que enfrenta Colombia. Criticó, el 17 de septiembre, que la falta de acciones concretas de la Comisión Interparlamentaria agravó el riesgo de un posible incumplimiento de pagos internacionales, conocido como default.

Acosta lamentó que la Comisión no haya logrado el cuórum necesario en sus últimas seis convocatorias, lo que impide al Gobierno emitir bonos nacionales en el exterior y suscribir créditos con la banca multilateral, indispensables para mantener el cumplimiento de los compromisos financieros del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Estas sesiones eran cruciales para permitirle al Gobierno nacional emitir bonos en el exterior y firmar contratos de crédito con la banca multilateral”, declaró Acosta. La omisión de la Comisión, según dijo, podría tener consecuencias nefastas para la economía nacional y la reputación financiera de Colombia en el ámbito internacional.

Un día después, el 18 de septiembre, la Comisión Interparlamentaria de Crédito respondió con dureza al funcionario. Incluso, calificó las afirmaciones como “irrespetuosas” y “falaces”. La misma, por medio del representante a la Cámara Wilmer Castellanos, respondió con un comunicado en el que se decidió “develar la verdad sobre lo sucedido”.

La explicación de la Comisión Interparlamentaria

Según el documento, la mayoría de los miembros de dicha comisión (exactamente cuatro de siete integrantes) llegaron entre la primera y segunda semana de agosto a integrarla, y en consecuencia llevan pocas semanas.

Entonces, para ellos, no hay una razón para afirmar que quieren hacerle daño al país, por querer tomar decisiones responsables basadas en datos reales que no quieren ser suministrados por el Gobierno y no querer asumir los costos de su propia negligencia.

Por lo tanto, se aclaró que no es cierto se citó a sesión de la comisión seis veces, sino que en realidad van cinco citaciones formales, de las cuales solo las dos últimas se convocaron por el funcionario competente. Asimismo, para la convocatoria del lunes 9 de septiembre de 2024, el Ministerio de Hacienda, por iniciativa propia y en acuerdo con todos los congresistas, aplazó dicha citación por imposibilidad de hacerla al estar citada a la misma fecha y hora la Plenaria de la Cámara de Representantes que por ley quinta tiene prelación sobre cualquier comisión, como es de conocimiento público.

Dicen que sí asistieron

Adicional a lo anterior, manifestó que “no es acertado afirmar que no se ha asistido a todas las convocatorias, pues se asistió a la inducción el día 12 de agosto y a la sesión preparatoria el día 20 de agosto de 2024, en donde se expresó por parte de los congresistas la necesidad de que se suministrara por parte del Ministerio de Hacienda información clara, detallada y oportuna de cada operación de crédito que se pretende aprobar”.

Además, “de expresar por acuerdo de la mayoría de los congresistas miembros de la Comisión Interparlamentaria la necesidad que se discutiera cada operación de crédito en una sesión independiente y no en un mismo orden del día, requerimiento que hasta el día de ayer el ministerio no había querido aceptar”.

Ante esto, precisó que las operaciones de crédito suman un total de aprobaciones de más de $50 billones de pesos, exactamente $50.415.688.575.000:

1. Garantías financieras de desarrollo nacional, por valor de $584.878.575.000.
2. Crédito para servicio a la deuda 2024-2025 por $28.716.060.000.000 (USD6.800 millones).
3. Créditos para libre inversión por $21.114.750.000.000 (USD5.000 millones).

Derechos de petición con respuesta incompleta

En concordancia con lo anterior, la Comisión radicó varios derechos de petición en los que se solicitó información puntual y detallada de cada operación a discutir, que se contestaron de manera incompleta y a pocas horas de la sesión citada, es decir, sin el tiempo necesario para analizar las respuestas de manera previa a la sesión.

En el sentido de lo dicho anteriormente, el representante Castellanos afirmó que, el 12 de agosto de 2024, en medio de la sesión de inducción, hizo una petición verbal de información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre el histórico de las operaciones de crédito aprobados en la legislatura anterior y el estado de ejecución y hasta el día de hoy no hay una respuesta de fondo.

Así las cosas, el congresista anotó que, el 12 de septiembre de 2024, envió un derecho de petición en el que se solicitó información respecto a cifras exactas de la operación del servicio a la deuda, tanto en bonos como en recursos de capital e intereses para 2024 y mes a mes de la vigencia 2025, con el sustento en que el Gobierno solicitó una operación en monto mucho más alta que la necesidad del servicio a la deuda para el 2024.

“Recibimos respuesta a la solicitud en mención a las 7:52 p. m. el día lunes 16 de septiembre, es decir, la noche anterior a tener la sesión formal el día martes, 17 de septiembre, a las 8:00 a. m., un total irrespeto por parte de este funcionario público”, criticó el congresista.

José Roberto Acosta es “irresponsable y falta a la verdad”

De igual manera, ante la afirmación hecha por José Roberto Acosta en la que aseguró que Wilmer Castellanos había ido al Ministerio de Hacienda y no había entrado a la sesión, respondió que es “totalmente falso”. Por eso, solicitó a los medios de comunicación e interesados que revisen las cámaras del esta entidad y del Congreso, ya que se encontraba en su oficina, la 325, en el edificio nuevo del Congreso, revisando las respuestas enviadas por el Acosta a las 7:52 p. m. del día anterior a la citación.

En ese sentido, el representante a la Cámara dijo que “es irresponsable y falta a la verdad lo dicho por el director (José Roberto Acosta) al sugerir que los congresistas hemos sido negligentes en nuestro actuar congresional en esta comisión, cuando en realidad hemos tenido toda la disposición de querer evaluar a fondo y de manera responsable cada operación , lo que en realidad se traduce en tomar decisiones sensatas con las finanzas de Colombia”.

Finalizó el pronunciamiento afirmando que “nosotros no somos notarios del Gobierno, hay que discutir con argumentos, no por capricho”.