El fondo de pensiones del Estado, Colpensiones, vuelve a estar en el ojo del huracán después de que en la mañana de este martes 17 de septiembre, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia denunciara graves irregularidades dentro de la entidad.
Según señaló en su cuenta de X, el fondo de pensiones estaría manejando información sensible y confidencial de sus afiliados a través de plataformas de mensajería como Whatsapp, además de hacer transferencias de archivos sobre investigaciones para otorgar, o no, pensiones por conceptos de invalidez, dependencia y convivencia.
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“Así estaría Colpensiones tramitando las pensiones de invalidez, dependencia y convivencia. Documentos personales y reservados enviados por WhatsApp y correos personales. Investigadores de los casos sin honorarios. Habría corrupción en la entrega de pensiones”, señaló la senadora.
Junto a un arsenal de pantallazos en los que se observan cómo se estarían manejando las investigaciones por parte del contratista, Paloma Valencia señaló que el fondo de pensiones estatal estaría incurriendo en un caso de corrupción, al prescindir del investigador anterior que, a pesar de contar con sistemas blindados de información, Colpensiones decidió que no eran suficientes para garantizar la privacidad de sus afiliados.
“Desde los teléfonos personales de contratistas envían la información y documentos con información personal de los colombianos a investigar. Pensiones de los colombianos manejadas por WhatsApp. También desde correos personales de contratistas se estaría enviando la información privada. ¿Saben los colombianos que su información privada se está manejando así? ¿Qué pensiones se han entregado mediante esta metodología?”, comentó la congresista.
Sin embargo, lo más grave radicaría en la presunta entrega de pensiones a colombianos que no estarían habilitados según la normativa vigente. El contratista encargado de las investigaciones estaría extraviando el material probatorio para eludir las auditorias y los procesos legales, según denunció la senadora.
“Toda la información de los colombianos, que antes era protegida por sistemas absolutamente impenetrables, hoy la mandan en un correo o en un WhatsApp. Las pruebas llegan a la empresa y a veces se desaparecen y termina habiendo interferencias, fuerzas o platas que terminan asignando pensiones para las cuales muchos colombianos no tienen derecho. Por su puesto, vamos a tener que pagar entre todos”, señaló Valencia.
Además, el fondo de pensiones del Estado también estaría quedando mal con los contratistas, quienes estarían evadiendo las visitas a los afiliados que solicitan pensiones por invalidez, dependencia y convivencia por falta de pagos de viáticos para cumplir con las misiones.
“Esto se suma a que los investigadores no están siendo pagados por la empresa. Tampoco están pagando viáticos que son necesarios para conocer el entorno de los familiares. ¿Qué investigaciones pueden salir de empleados no pagos y sin recursos para hacer su trabajo?”, comentó la congresista.
Incluso, la denuncia contó con el testimonio de uno de los investigadores que, a pesar de cumplir con su trabajo, no recibió el pago completo pasados más de 60 días. “Corazón, me pagaron los honorarios de las investigaciones que había hecho. Me pagaron siete y quedaron pendientes como una o dos investigaciones para este próximo corte. En cuanto a los viáticos, aún no, justamente estaba pensando que esta semanita ya cumplieron dos meses de haberse generado y aún no me los han cancelado”, se oye en el testimonio.
Finalmente, la senadora Valencia criticó la decisión de Colpensiones de cambiar la empresa de inteligencia que tiene a su cargo la decisión de otorgar la renta mensual a los colombianos que la solicitan en casos específicos y que, en últimas, estaría generando problemas de corrupción dentro de la entidad pensional.
“En el pasado la empresa que Colpensiones seleccionó para realizar estas investigaciones fue COSINTE. Es quien tenía la experiencia histórica. En la convocatoria pública de este gobierno la empresa fue descartada porque presentaron precios bajos. Es decir, quedaron descalificados porque le cobraban muy poco al Estado”, señaló la parlamentaria.
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