Fiscalía explicó la polémica directriz para manejar la protesta social ante las críticas por “atar” a la fuerza pública

No para la polémica por cuenta de la decisión que dio a conocer la Fiscalía General de la Nación sobre el cambio de directriz para redefinir el alcance y las responsabilidades de los fiscales en todo el país en relación con delitos cometidos en medio de las protestas sociales.

Aunque las críticas cayeron sobre la fiscal general Luz Adriana Camargo por “maniatar” a la fuerza pública que enfrenta los desmanes y captura a los presuntos responsables, en la mañana de este lunes 16 septiembre, el ente acusador defendió la medida a través de un comunicado.

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Según informó la Fiscalía, la directiva fue el resultado de un riguroso estudio basado en diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional respecto a la protesta pacífica. “La Fiscalía General de la Nación expidió la Directiva 0001 de 2024, mediante la cual emite criterios orientadores dirigidos a Fiscales e investigadores aplicables al análisis de eventos ligados a la protesta social”, señaló.

Además, la Fiscalía aseguró que estableció las decisiones que podrán tomar los funcionarios en el proceso de judicialización de personas capturadas durante las movilizaciones, definiendo claramente lo que se puede considerar un derecho de los manifestantes y cuándo esto puede convertirse en un delito.

“Se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones”, explicó la Fiscalía en el comunicado.

Según comentó el ente acusador, la directriz intenta, en esencia, proteger tanto a los manifestantes pacíficos como a los funcionarios encargados de mantener el orden durante las protestas.

Sin embargo, la directiva ha generado controversia entre expertos y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que podría desdibujar los límites entre la movilización pacífica y los actos delictivos en las manifestaciones públicas.

En su respuesta, la Fiscalía defendió su posición insistiendo que los fiscales gozan de independencia al tomar decisiones, pero también deben proteger a defensores de derechos humanos y periodistas durante las manifestaciones.

“Se reitera el marco legal y procesal aplicable a las investigaciones por actos que desbordan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Se insta al personal de la Fiscalía a adoptar decisiones libres de prejuicios y de discriminación, brindando especial protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cubren los ejercicios de protesta social”, añadió la Fiscalía.

Por otro lado, la Fiscalía destacó que la directiva define claramente las conductas que representan un mayor riesgo para el orden social durante las protestas. Según la entidad, estas conductas incluyen la obstrucción de vías, la perturbación en el servicio de transporte público, la violencia contra servidores públicos, el daño en bien ajeno y la asonada.

El ente acusador también dejó claro que la directiva establece cómo deben investigarse estos actos y cuáles son las competencias de los fiscales en cada uno de estos casos. “De igual manera, se ahonda en las conductas delictivas de relevancia en escenarios de protesta tales como la obstrucción de vías, perturbación en servicio de transporte público, colectivos u oficial; violencia contra servidores públicos, daño en bien ajeno y asonada. Así mismo, se precisan las formas de participación en este tipo de conductas punibles y las diferencias entre coautoría y concierto para delinquir”, puntualizó la Fiscalía.

Para la Fiscalía, es crucial que se identifiquen claramente las diferencias entre lo que es una protesta pacífica y un acto delictivo en el contexto de las manifestaciones. Además, precisa cuál sería el mecanismo adecuado para la recolección de elementos materiales probatorios que respalden los procesos de judicialización. “De esta manera, la Fiscalía General de la Nación busca contribuir en la consolidación de rutas democráticas, que le permitan al país exponer sus diferencias a través del debate respetuoso y de la protesta social pacífica”, concluyó el comunicado de la entidad.