La tarde del domingo 15 de septiembre de 2024, se conoció que la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 13 años al concejal de Piedecuesta, Octavio Cárdenas Almeida, por abuso de autoridad en beneficio propio durante un procedimiento en el que fue requerido por policías.
De acuerdo con la información que compartió el Ministerio Público, los hechos en los que el concejal utilizó la influencia de su cargo al momento de ser requerido por las autoridades se registraron el 26 y 27 de junio de 2021, momento en el que el concejal estuvo involucrado en una riña en un establecimiento público pese a las restricciones del COVID-19.
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En un fallo de primera instancia, se pudo corroborar que Cárdenas Almeida fue llevado a la estación de policía debido a su alto grado de exaltación, momento en el que, según el informe de La Procuraduría General de la Nación, “el disciplinado muy enojado hizo uso de su condición de servidor público con amenazas como: ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’”; con el objetivo de obtener su libertad y evitar multas por violar las restricciones de la pandemia.
En ese momento, se conoció un video en el que se evidenció que el concejal utilizó un lenguaje fuerte en contra de los policías: “Mire soy concejal de Piedecuesta y lo que hacen aquí no lo pueden hacer, grábenme todo lo que quiera, pero eso no lo pueden hacer. Guárdenme, métanme al calabozo, hagan lo que quieran conmigo, les voy a decir algo, todos los que están aquí ni viven en Piedecuesta, no conocen de las necesidades”.
La autoridad disciplinaria también detalló que el funcionario intentó persuadir a los policías utilizando su cargo, proclamando su error al detenerlo, exigiendo la presencia del personero municipal por supuesta vulneración de sus derechos y amenazando a los agentes con traslados.
Por tal motivo, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta del disciplinado como gravísima por dolo.
Presunto maltrato animal en La Pintada, Antioquia
En otro de los anuncios por parte del Ministerio Público se conoció que el alcalde de La Pintada, Antioquia, Hermán Antonio Correa Bedoya, deberá responder ante la Procuraduría por denuncias de presunto maltrato animal en las instalaciones de la alcaldía.
Según el requerimiento preventivo del Ministerio Público, se buscará esclarecer posibles casos de negligencia y maltrato de animales domésticos y asegurar que se cumplan las obligaciones municipales en la protección animal.
El requerimiento específico de la Procuraduría General de la Nación incluyó la solicitud de un informe ejecutivo detallando las campañas educativas y culturales para promover el cuidado de animales, las acciones para asegurar espacios de protección animal, programas de tenencia responsable y mecanismos de sanción del maltrato.
Estas medidas buscan garantizar el bienestar animal y mejorar su situación en la región, pues según explicó la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, “se pretende asegurar que el Municipio de La Pintada cumpla con sus responsabilidades y mejore las condiciones de vida de los animales”.
Formulación de cargos al concejal de Ipiales por tráfico de influencias
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el concejal de Ipiales, Miguel Alejandro Huertas Erazo, por presunto tráfico de influencias.
El concejal está acusado de recomendar a amigos y familiares para ser contratados en el E.S.E Hospital Civil de Ipiales durante su periodo en el cargo 2020-2023.
El procurador provincial de Ipiales, Mario Coral, recopiló pruebas que ameritaron la formulación de los cargos, señalando que los hechos son considerados faltas gravísimas y contrarios a los principios de moralidad y función pública.
Según la Procuraduría General de la Nación, “estas acciones amenazarían los principios de transparencia y ética en el sector público”, lo que llevó a compilar copias para que la Fiscalía investigue penalmente el caso por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.
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