Escándalo en la Universidad Tecnológica del Chocó: investigan al rector por presuntas irregularidades en proyecto de $15.500 millones

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal contra David Emilio Mosquera Valencia, rector de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), por presuntas irregularidades en un proyecto de inversión destinado al mejoramiento del sector maderero.

Este proyecto, financiado con $15.500 millones provenientes de regalías, ha suscitado preocupaciones debido a posibles irregularidades en su ejecución y gestión.

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El auto disciplinario no solo involucra a Mosquera Valencia, sino también a dos exfuncionarios de la universidad: Eduardo García Vega, exrector, y Jhon Alexander Palacios Mosquera, exvicerrector Administrativo y Financiero. La investigación se centra en varias presuntas anomalías, incluyendo la posible falsificación de la firma de Palacios Mosquera en una resolución clave para el pago a la empresa interventora, la Corporación Bienestar Verde.

Además, la Procuraduría investiga la existencia de pagos irregulares en forma de bonificaciones al coordinador del proyecto, también una posible adición irregular de dineros públicos para el almacenamiento de maquinaria adquirida, así como el uso indebido de recursos para la adquisición de maquinaria que no estaría en funcionamiento.

El documento también destaca que el Ministerio Público ha decidido remitir copias de la investigación a otras entidades para una revisión más detallada. Se ha solicitado que se investiguen posibles irregularidades en otro proyecto de la UTCH, específicamente en la implementación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera, que busca el mejoramiento socioeconómico y ambiental del departamento del Chocó con un presupuesto de $23.049′449.166.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó recibirá documentación adicional para determinar posibles responsabilidades de los servidores de la UTCH en relación con ambos proyectos, que en total suman $38.049′449.166. Entre los funcionarios mencionados en esta investigación se encuentran Lilia Mercedes Mena López, jefe Financiera, y Yesid Aguilar Lemus, coordinador y supervisor de los proyectos.

Para apoyar la investigación, la Procuraduría ha solicitado asesoría técnica de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y del Grupo Especial del Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías. Este apoyo es crucial para reunir pruebas que permitan verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares y determinar si constituyen faltas disciplinarias.

En una entrevista con W Radio en mayo de 2024, David Emilio Mosquera Valencia ofreció su versión sobre el proyecto. El rector explicó que, al asumir su cargo en 2018, encontró que la primera fase del proyecto ya había alcanzado un 95% de ejecución. Su administración se habría encargado de completar el 5% restante y de iniciar la segunda fase, para la cual se destinaron $6.000 millones, de los cuales solo se ha girado un 5%.

“El proyecto como tal tiene un acápite fuerte que es la construcción del centro y sobre este hoy hay una investigación sobre el contrato que se hizo para esta finalidad que equivale a alrededor de seis mil millones de pesos. Hoy, si miramos la obra, por informes que hay de actas de interventoría, estamos hablando de una ejecución de un 18%. Significaría esto que el proyecto seguiría en marcha una vez que se supere la revisión y pago de los escritos presentados”, afirmó Mosquera, en ese entonces.

En cuanto a las medidas preventivas ordenadas por el Ministerio de Educación, Mosquera Valencia también abordó los incumplimientos. El rector afirmó que la responsabilidad de nombrar al inspector in situ recaía en el Ministerio de Educación, y que la UTCH enfrentó dificultades para encontrar una fiducia que aceptara el contrato a tiempo. Además, mencionó problemas con el desarrollo del software necesario para el proyecto.

“En ese proceso se llevó un buen tiempo, que podemos demostrar. Porque muchas empezaban, pero por falta de capacidad operativa no accedían a dicho contrato y así seguimos avanzando hasta que pudimos lograr el contrato en el mes de febrero de este año. En torno a todo este tema, nosotros creemos en el transcurso de unos 15 o 20 días estaríamos funcionando al 100%”, concluyó Mosquera, sometido ahora a investigación apor parte de la Procuraduría, que podría tener graves consecuencias para la UTCH y sus directivos, incluyendo la posible imposición de sanciones severas, como el reemplazo del rector.