La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción en contra de Leonardo Donoso Ruíz, alcalde de Chía (Cundinamarca), que fue destituido e inhabilitado por nueve años, debido a que habría cometido irregularidades en la adjudicación de un proceso licitatorio para el servicio de alumbrado público durante su primer mandato en el periodo de 2016-2019.
De acuerdo con la información revelada por la entidad, la sanción fue confirmada en un fallo de segunda instancia y mientras el mandatario cursa su segundo periodo al frente de la administración municipal.
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El Ministerio Público argumentó que Donoso incurrió en irregularidades al aprobar algunos análisis, estudios y requisitos financieros con falencias, y en contravía de las disposiciones legales; además que participó en las etapas precontractual y contractual del proceso, por lo que habría omitido garantizar, controlar y verificar que los documentos para la selección del contratista cumplieran con los principios de ley.
Como consecuencia de estos actos, se concluyó que el exmandatario vulneró los principios de economía, planeación, responsabilidad, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación pública, por lo que debe cumplir con la sentencia.
Cabe mencionar que, también se confirmó la destitución del exsecretario de Obras Jorge Wilmar Torres Porras, que fue el encargado de aprobar los documentos precontractuales sin verificar el cumplimiento de los requisitos financieros necesarios, afectando la competencia justa entre empresas.
A pesar de haber sido reelegido como alcalde para el período 2024-2027, la sanción impuesta a Donoso quedará suspendida hasta que el Consejo de Estado resuelva su situación. Esta suspensión significa que Donoso podrá seguir ejerciendo su cargo hasta que se tome una decisión final.
Por otro lado, tanto Donoso como Torres Porras fueron hallados responsables disciplinariamente, y quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante los próximos nueve años. La Procuraduría determinó que su conducta constituyó una “falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
Además, el fallo destacó que Donoso aprobó análisis sectoriales y estudios previos con deficiencias, incluyendo falencias en los requisitos financieros; aspectos que se integraron en el pliego de condiciones, lo que terminó por afectar de manera directa la transparencia y objetividad del proceso licitatorio.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular ratificó que las omisiones de Donoso comprometen los principios establecidos por la ley en materia de contratación pública.
Por su parte, Jorge Wilmar Torres Porras también fue sancionado por las mismas faltas en 2018 y se le responsabilizó por no observar y garantizar el cumplimiento de los requisitos financieros y técnicos en la aprobación de los documentos precontractuales. También se señaló que validó estudios con limitaciones que restringieron la participación de otros oferentes, afectando igualmente la transparencia del proceso.
Permanencia del alcalde en el cargo
Frente a esta situación, la Procuraduría aclaró que el alcalde Donoso aún puede solicitar medidas cautelares ante el Consejo de Estado, en dado caso de que estas sean aceptadas podría continuar en su cargo hasta que se emita una decisión definitiva. En caso contrario, el actual alcalde tendría que dejar el cargo, y el gobernador de Cundinamarca debería nombrar a un encargado mientras se convocan nuevas elecciones para cubrir lo que resta del período constitucional en curso, teniendo en cuenta que termina en 2027.
Cabe mencionar que, esta no fue la única decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación en contra de alcaldes y exmandatarios, pues sancionó con suspensión de nueve meses al exalcalde de Majagual (Sucre), Luis Benito Gómez Martínez (2016 - 2019) y al exsecretario de Planeación David Andrés Álvarez Reino (2018 - 2020), por las irregularidades presentadas en la rehabilitación del canal de aguas Los Patos, que ocasionaron “graves afectaciones al medioambiente”.
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