Policías involucrados en las chuzadas de Marelbys Meza aceptaron cargos: tendrán preacuerdo con la Fiscalía y serán testigos

Danna Alejandra Canizales y Luis Alfonso Quinchanegua, dos agentes de la Policía Nacional, aceptaron cargos relacionados con las interceptaciones ilegales efectuadas a las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, empleadas de Laura Sarabia, actual directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), en enero del 2023.

Este preacuerdo, anunciado por la Fiscalía General de la Nación durante una audiencia el miércoles 4 de septiembre, representa un nuevo avance en el proceso legal contra los involucrados en las llamadas “chuzadas”.

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Según informaciones proporcionadas por la Fiscalía, al firmar este preacuerdo, Canizales y Quinchanegua admitieron su participación en delitos como fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.

Además, los dos agentes firmaron un principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, lo que permitirá que actúen como testigos de cargo en los futuros procesos penales relacionados con este caso.

El principio de oportunidad, que busca otorgarles inmunidad parcial, está pendiente de la firma de la fiscal general Luz Adriana Camargo y será presentado ante un juez de control de garantías. Con esta medida, se espera que los policías proporcionen información crucial sobre los hechos que llevaron a la interceptación ilegal de las comunicaciones de Meza y Perea.

En medio del establecimiento del preacuerdo con la Fiscalía, ambos policías pidieron perdón por los delitos que cometieron. Por su parte Canizales aseguró que “en mi condición como patrullera al momento de los hechos, con solo dos años en la institución y por falta de experiencia (...) recibí ordenes de mis superiores, donde creí que podía hacer un trabajo honesto y correcto para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas a las víctimas”.

Y de acuerdo con el relato de Quinchanegua: “A todas las partes afectadas, a los ciudadanos que afectamos tanto moral como psicológicamente, prometo no volver a hacerlo e igualmente pido mil disculpas a los afectados.

“Nuevamente, advertido el acusado QUINCHANEGUA QUINCHANEGUA de sus garantías procesales y del contenido y alcance del artículo 8 de la Ley 906 de 2004, asesorado en todo momento por su defensor de confianza, expresa su deseo libre, consciente y voluntario de suscribir el presente preacuerdo, aceptando su culpabilidad en los siguientes términos, conociendo previamente algunas acotaciones fundamentales”, se puede leer en el documento de la Fiscalía.

Paralelamente, se espera que el miércoles 11 de septiembre inicie el juicio contra Carlos Andrés Correa Loaiza, capitán de la Policía, y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas. Ambos están acusados de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.

El caso de las chuzadas ha generado atención mediática y ha puesto de relieve las prácticas ilegales llevadas a cabo por algunos miembros de la Policía. Las investigaciones continúan y se esperan nuevos avances a medida que los responsables rinden cuentas ante la justicia.

Además, de acuerdo con un análisis de las pruebas, presentado por la Fiscalía General, se sugiere que varios agentes policiales utilizaron información falsa para obtener autorizaciones judiciales fraudulentas con el objetivo de interceptar las comunicaciones de individuos no relacionados con las investigaciones oficiales.

Entre los implicados se encuentran el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas, quienes supuestamente falsificaron informes de inteligencia para intervenir los teléfonos de Marelbys Meza Buelvas —exniñera de la exjefe de gabinete— y una trabajadora doméstica de la misma casa, mediante la ocultación de estas identidades bajo los alias La Madrina y La Cocinera.

el coronel Carlos Feria y el general Luis Mauricio Ospina, junto a Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro, figuran en la investigación a través de la conexión personal con las víctimas de las interceptaciones. Según la Fiscalía, los informes falsificados fueron presentados a un fiscal especializado en la lucha contra las organizaciones criminales con sede en Quibdó, Chocó, quien aprobó la intervención de las líneas telefónicas basándose en información inexacta.

Por otro lado, se señala a los agentes Intendente Quinchanegua Quinchanegua y patrullera Canizales Bonilla como responsables de obtener, mediante documentos falsificados, la autorización para interceptar otra línea telefónica de Meza Buelvas y de una allegada. Estas intervenciones se realizaron bajo el pretexto de una investigación por el supuesto robo en la residencia de Laura Sarabia Torres.

La acusación establece que estos agentes, adscritos a la Sijín, habrían inducido a error no solo a los fiscales, quienes creyeron legítimas sus solicitudes, sino también a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones. Se argumenta que las falsas pruebas condujeron a decisiones judiciales infundadas.

En relación con estos eventos, el proceso judicial contra otros agentes involucrados en la aplicación de la prueba del polígrafo a Marelbys Meza continuará en los próximos días. Esta prueba se llevó a cabo en la Casa Galán, situada en las inmediaciones de la Presidencia de la República.