Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, uno de los líderes del Clan del Golfo, estaría involucrado en la distribución de información sobre un supuesto atentado en el Palacio de Justicia en Colombia.
Según La FM, los informes provienen de narcotraficantes colombianos extraditados a Estados Unidos que buscan reducir sus penas a cambio de brindar información relevante.
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Según el medio mencionado, las agencias estadounidenses DEA, FBI y Homeland Security habrían enviado esta información a las autoridades colombianas, que incluyen a la Policía y la Fiscalía. Dichos informes supuestamente señalaron el descubrimiento de una maqueta y pólvora, que serían ser un señuelo creado para atraer la atención de las autoridades.
La Fiscalía habría compartido esta información con la Corte Suprema de Justicia, lo que generó alarma entre los magistrados. Aunque la preocupación inicial se considera infundada, no se descarta la posibilidad de que grupos criminales lleven a cabo acciones reales.
Los narcotraficantes estarían utilizando la información sobre el supuesto atentado como una estrategia para presionar un proceso de paz con el Clan del Golfo, con el fin de obtener mejores condiciones legales en Estados Unidos.
Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, ha sido mencionado repetidamente como un actor clave en estas negociaciones y estrategias de doble juego.
Las reuniones de la Corte Suprema
En una reunión de alto nivel celebrada este martes 20 de agosto, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Disciplina Judicial se encontraron con la Fiscalía General para coordinar estrategias de seguridad destinadas a proteger el Palacio de Justicia y a todos sus trabajadores judiciales, informó El Espectador.
El encuentro contó con la participación del general William Salamanca Ramírez, director de la Policía Nacional, y Carlos Galán, alcalde de Bogotá, quien mencionó que el objetivo de su asistencia era “manifestar lo que Bogotá está haciendo para proteger las altas cortes y el Palacio de Justicia y entornos que puedan estar en riesgo”.
Cuatro horas después de concluir la reunión, los presidentes de las cortes emitieron un comunicado de dos páginas donde solicitaban a “todos los sectores de la sociedad a estar vigilantes y a colaborar activamente en la protección de nuestras instituciones”. Los líderes judiciales enfatizaron que “la seguridad de nuestras instituciones judiciales no es solo una prioridad, sino un pilar fundamental para la estabilidad y el progreso de nuestra nación”.
El día de la maqueta
El 13 de agosto, las autoridades colombianas descubrieron un cargamento de explosivos en una bodega en el barrio Mochuelo, ubicado en la zona sur de Bogotá, según información de las autoridades. El hallazgo incluyó sesenta cartuchos calibre 5.56 mm, 16 paquetes de explosivo R1 y un chaleco arnés de uso militar.
Adicionalmente, los investigadores descubrieron una maqueta que aparentemente replica las instalaciones del Palacio de Justicia, lo cual ha generado preocupación sobre un posible ataque contra el edificio judicial.
El presidente de la Corte Suprema reveló que las autoridades están evaluando si el objetivo de los explosivos podría haber sido el Palacio de Justicia u otro edificio gubernamental, lo cual ha llevado a un notable aumento de las medidas de seguridad en el recinto judicial, incluyendo el uso de sistemas de drones y equipos antiexplosivos.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, se sospecha que alias Alarcón, un criminal con pasado judicial de microtráfico en Bogotá, estaría detrás del presunto atentado. El señalado fue determinado como residente de uno de los inmuebles que fueron allanados por las autoridades. Sin embargo, el 12 de agosto, un día antes de la redada, alias Alarcón fue asesinado en modalidad de sicariato.
La Corte Suprema, en respuesta a la alerta sobre la potencial amenaza, ha adoptado medidas extremas de seguridad. Entre las nuevas disposiciones se encuentra la implementación de sistemas avanzados de vigilancia y equipamiento antiexplosivos para garantizar la protección del edificio y de las personas que en él laboran.
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