La Fiscalía General de la Nación informó que las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitieron que un juez condenara a 34 años de cárcel a Jorge Eliécer García Estupiñán, responsable de los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con el ente acusador, se logró demostrar que García Estupiñán, presunto mando medio de la estructura delincuencial ‘Los de Vaca’ o’ Resistencias Unidas Campesinas’ (RUC), participó en la desaparición forzada de cinco firmantes de paz.
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Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2017 en la vereda Isupí, en El Charco, Nariño. Según la Fiscalía, las víctimas fueron retenidas por hombres armados quienes los acusaron de incumplir las órdenes impartidas por esta red criminal en la zona.
La investigación determinó que los firmantes fueron amarrados de manos, y conducidos por un río. Desde entonces no se conoce su paradero.
Intento de asesinato a firmante de paz
Ferney Andrés Cuaspur Chacua aceptó, mediante preacuerdo, su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravada y; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
De acuerdo con la investigación, el sentenciado participó en el intento de asesinato de la firmante de paz Leidy Lorena Pasu Ceromeca. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre del 2023, en Mocoa, Putumayo.
La Fiscalía General de la Nación precisó que la firmante de paz fue atacada por Cuaspur, quien le disparó cuando se encontraba en su residencia. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida.
Un juez penal especializado de Mocoa avaló la negociación judicial y lo condenó a nueve años y un mes de prisión. También fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
Alerta de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una voz de alerta ante la creciente ola de violencia que pone en jaque a los firmantes del Acuerdo de Paz en los departamentos de Caquetá y Cauca. En un contundente comunicado, la entidad reveló que tanto las amenazas en el espacio territorial de Miravalle, Caquetá, como los recientes homicidios de varios excombatientes en Cauca, han encendido las alarmas sobre la efectividad de las medidas de protección implementadas por el Gobierno nacional.
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, condenó enérgicamente estos hechos, al destacar que “afectan no solo la vida, integridad y libertad de esa población, sino también su reincorporación social y económica, pues impactan la continuidad de los proyectos productivos que lideran, que son casos de éxito para lograr la reconstrucción del tejido social”.
Estos actos de violencia, atribuidos a grupos armados ilegales que actualmente participan en mesas de diálogo con el Gobierno como parte de la iniciativa de Paz Total, no solo representan un peligro para la vida de los excombatientes, sino que también sabotean los esfuerzos para consolidar la paz y la integración social de estos individuos. La Procuraduría ha convocado a la Comisión Nacional del Ministerio Público en los departamentos afectados para evaluar la respuesta del Gobierno y exigir acciones inmediatas y efectivas.
Ante la magnitud de la amenaza, Cabello Blanco exhortó al Gobierno a no solo garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, sino también a asegurar la continuidad y el apoyo necesario para los procesos de reincorporación e integración social que han avanzado con éxito hasta ahora.
Desde el Ministerio Público han señalado que se requieren medidas de seguridad robustas y un compromiso firme para proteger tanto a las vidas como a los proyectos que simbolizan la reconstrucción del tejido social tras la huella del violento conflicto armado colombiano.
Recientemente el presidente Gustavo Petro firmó un decreto con el que se reglamenta la creación de nuevas áreas especiales para el desarrollo de los proyectos de esta población.
Mediante el decreto 1048 del 14 de agosto de 2024, el Gobierno establece un marco normativo para el reconocimiento de áreas especiales de reincorporación colectiva, así como consolidación de espacios territoriales de capacitación y reincorporación para quienes decidieron dejar las armas para apostarle a la paz en el país.
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