
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mostró su indignación y rechazo frente al castigo al que fueron sometidos integrantes de la población indígena que asentada en el parque Nacional de Bogotá. Según detalló, el viernes 16 de agosto de 2024, cinco menores de edad, entre ellos una en estado de embarazo, fueron castigados con un cepo. Se trata de una estructura de madera utilizada para inmovilizar los pies de las personas, que se encuentran tendidas en el piso.
Este método de castigo era utilizado en la época colonial contra las comunidades indígenas y se sigue utilizando para corregir a quienes no siguen determinadas reglas. El mandatario local informó que el hallazgo de los menores que estaban sometidos al cepo se dio en medio de una inspección llevada a cabo por el distrito en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del lugar. En X, indicó que el parque Nacional donde viven cientos de indígenas debería ser un lugar seguro para los niños.
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“Rechazamos categóricamente estos actos cometidos por parte de la comunidad Emberá. Insistimos en que no se cumplen los elementos necesarios para aplicar jurisdicción indígena en el Parque Nacional y ampliaremos las denuncias puestas ante la Fiscalía por usurpación de funciones públicas. Seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, aseveró el alcalde Galán en la red social.

La Consejería de Paz de Bogotá informó que los menores de edad en cuestión tienen entre 12 y 17 años, quienes, según detalló la comunidad, debían permanecer tendidos en el suelo y con sus pies inmovilizados desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.
No obstante, esta no es la primera vez que la población indígena asentada en el parque recurre a dicho método de castigo. De acuerdo con un funcionario de la Consejería, el 25 de julio denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que algunos indígenas llevó al cepo a un habitante de calle. Luego, el 14 de agosto, acudieron nuevamente al ente investigador, en aras de ampliar la denuncia con detalles sobre los presuntos responsables.
Así las cosas, lo ocurrido con los menores de edad será puesto en conocimiento de la Fiscalía, entidad a la que ya se le solicitó que dicte una medida cautelar para que se pueda levantar el cepo, y así evitar que más personas sean sometidas a este tipo de penitencia. La Consejería también indicó que se pedirá al Ministerio Público la disposición de una agencia especial que contribuya en la lucha por garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Aquí en el parque Nacional no hay jurisdicción indígena y, por lo tanto, no se pueden usurpar funciones públicas”, precisó el funcionario.
Extesorera indígena sometida al cepo
Un caso similar se presentó en marzo de 2024 en el municipio de La Unión (Sucre), donde una mujer fue sometida al castigo del cepo en el cabildo indígena de Villa Fátima, puesto que, presuntamente, sería responsable de la pérdida de $360 millones que habían sido donados por una empresa petrolera y que debían recibir las familias del cabildo.
Según reseñó El Heraldo, la mujer es una extesorera indígena que, justamente, debía cuidar el dinero. Cuando los recursos desaparecieron, la ciudadana indicó que fue víctima de dos robos: uno de $200 millones y otro de $160 millones. Sin embargo, la comunidad indígena no creyó en su versión de los hechos y decidió subyugarla.

En la época colonial, el método de castigo era utilizado contra la población indígena, ya que existía la creencia de que debía ser controlada. El fotógrafo suizo Ernst Röthlisberger retrató un caso ocurrido a finales del siglo XIX en Bogotá, en donde se ve a un ciudadano con sus pies inmovilizados, en medio de una zona de trabajo.
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