El Consejo de Estado aceptó la primera demanda de nulidad contra el levantamiento de las órdenes de captura contra líderes de las disidencias de las Farc pactadas en medio del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el grupo armado, una medida que ha generado controversia.
La demanda fue interpuesta por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando la nulidad tanto del levantamiento de estas órdenes de captura como de los decretos o resoluciones que establecen el cese al fuego.
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“Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 419 de 29 de diciembre de 2023, del Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego comunicada a la Fiscalía General de la Nación el 12 de enero de 2024, en la cual solicita, ‘Suspender todas y cada una de las órdenes de captura dictadas o que sean dictadas en contra de Alexander Díaz Mendoza (sin identificación)’”, se lee en la demanda.
Con ello, solicitan que se declare la nulidad del Decreto 0888 del 15 de julio de 2024, mediante el cual se “prorroga el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) sobre la base de un Acuerdo para el respeto de la población civil entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP”.
De acuerdo con los demandantes, uno de los líderes del Estado Mayor Central, identificado bajo el alias de Calarcá, ha estado involucrado en actos que van en contra de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).
Específicamente, Fevcol acusa a las estructuras bajo su mando de haber amenazado en repetidas ocasiones a miembros de la federación, así como a autoridades municipales, además de extorsionar a varias comunidades y ser responsables del secuestro de soldados de las Fuerzas Militares. Lo anterior fundamenta su petición para que se revoque el cese al fuego bilateral con las estructuras insurgentes de las Farc.
Además de alias Calarcá, los demandantes también pidieron se declare nulo el levantamiento de las órdenes de captura contra otros disidentes como Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, entre otros.
Argumentan, además, que la suspensión de las órdenes de captura no ha contribuido a la pacificación, sino que ha permitido que los grupos armados se fortalezcan, creando un riesgo de mayor inseguridad en las comunidades afectadas.
En la demanda, las víctimas de las Farc expresan una preocupación generalizada sobre la gestión y las estrategias utilizadas por el Gobierno para alcanzar la paz en una nación que ha sufrido décadas de conflicto armado. Es por eso que Fevcol manifestó que el levantamiento de las órdenes de captura ha sido contraproducente y solicita que se revisen estas decisiones para asegurar la protección de las comunidades afectadas y el cumplimiento de los derechos humanos.
En medio de esta situación, la Federación resalta la importancia de mantener medidas de detención para aquellos que continúan participando en actividades ilegales y violentas, sosteniendo que estas son necesarias para garantizar un proceso de paz auténtico y duradero en Colombia.
Las negociaciones de paz con las Farc están en crisis luego de que el 9 de agosto 66 soldados del Ejército Nacional fueran secuestrados, permaneciendo por más de 72 horas en zona rural de San José el Guaviare por presión de las disidencias a la comunidad. Esto como respuesta ante las operaciones militares que se estaban realizando para, precisamente, combatir la extorsión en esa zona del país.
Según el general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3 de las Fuerzas Militares, además de la extorsión, hay una guerra entre las estructuras de alias Calarca y alias Iván Mordisco.
“Están evitando los soldados los enfrentamientos entre las estructuras que están en rivalidad (…) sacar la fuerza pública es quedar a merced de los delincuentes”, aseguró el comandante.
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