Reforma tributaria de Gustavo Petro tendrá terribles efectos sobre el crecimiento económico hasta el 2026, aseguran expertos

El Gobierno nacional abrió un debate con la reciente reforma tributaria del 2023, cuyo objetivo es estabilizar el déficit fiscal de $25 billones, estimado por Confis. El Ministerio de Hacienda, encargado de presentar la propuesta, ha calculado que la iniciativa permitirá recabar al menos $12 billones el próximo año.

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Según las autoridades, esta ley de financiamiento busca equilibrar el presupuesto presentado al Congreso de la República y asegurar la reactivación económica del país. De hecho, el presidente Gustavo Petro expresó que rechazar esta reforma amplificaría las posibilidades de una crisis, destacando el diálogo como esencial para el desarrollo nacional.

El Ministerio de Hacienda aseguró que la reforma se manejará con ciertas restricciones, incluyendo la exclusión del IVA y la protección de la canasta familiar. No obstante, estudios económicos recientes indican que la implementación de esta reforma podría tener efectos adversos sobre el crecimiento económico, advirtiendo que los beneficios en términos de recaudación podrían no ser evidentes hasta 2026.

Durante un foro en Manizales organizado por la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, habló de la necesidad de datos concretos para orientar las acciones del Gobierno. Gutiérrez instó a dejar de lado los anuncios y a centrarse en acuerdos nacionales efectivos que se reflejen en medidas concretas y resultados tangibles.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha reiterado que los lineamientos de la reforma son claros y que se ha diseñado con la intención de no perjudicar a los más vulnerables. Sin embargo, la opinión pública y algunos analistas permanecen escépticos sobre la eficacia y las repercusiones económicas inmediatas de la reforma.

“Dejemos de hablar de que vamos a hacer un acuerdo nacional. Digamos que hoy hicimos el acuerdo nacional y empezamos a ejecutar y hacer cosas, porque no nos podemos demorar siguiendo hablando de que vamos a hacer un acuerdo. Los quiero invitar a que este sea el punto de quiebre que logramos hoy un acuerdo nacional para seguir trabajando juntos en todos estos seis sectores de la economía”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó su preocupación por la nueva ley de financiamiento, señalando que se trata fundamentalmente de una reforma tributaria que afectará el crecimiento económico en un momento en que indicadores como el consumo y la producción necesitan reactivarse.

Tras las reformas tributarias de 2021 y 2022, Mac Master advirtió que ni los hogares colombianos ni las empresas tienen recursos adicionales para transferir al Estado, sugiriendo que la única reforma fiscal viable es la reducción del gasto público. Mac Master aseguró que el Estado deberá ajustarse a los recursos actuales y aceptar que las capacidades económicas son limitadas y deben adecuarse a esta realidad.

Actualmente, el Consejo Superior de Política Fiscal indica un déficit de $24 billones en el presupuesto del próximo año, el cual el Ministerio de Hacienda planea reducir anticipando la regla fiscal, lo que disminuiría el faltante a $12 billones.

Sin embargo, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, criticó la falta de claridad de esta propuesta, anticipando que generará especulación y afectará principalmente a las personas naturales. Comentó que aumentar los impuestos a las personas de altos ingresos reduciendo beneficios fiscales ya se intentó en 2022 y tiene escasas probabilidades de ser aceptado políticamente, contando ya con oposición en el Senado.

Ocampo también consideró que los ingresos tributarios están subestimados, y sugirió que las recientes reformas tributarias podrían generar más recaudos de los previstos, instando al Gobierno a mantener paciencia antes de implementar nuevos cambios fiscales.

Por su parte, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, propuso que en lugar de buscar nuevos ingresos, la prioridad debería ser ajustar el presupuesto inflado y centrarse en un recorte significativo del gasto público. Londoño cuestionó la viabilidad de aumentar la recaudación tributaria dado el bajo crecimiento del país.

El economista jefe de BTG Pactual para la región andina, Munir Jalil, expresó su escepticismo sobre la capacidad del Gobierno para recaudar los $12 billones necesarios sin aumentar impuestos sobre la renta, apuntando que cualquier incremento en IVA generaría una fuerte oposición debido al contexto político actual.

Mientras el Ministerio de Hacienda prepara la presentación de la ley de financiamiento ante el Congreso, el escepticismo y la necesidad de una reactivación económica inmediata siguen siendo predominantes.