Ahorro de millones de colombianos será el gran perdedor con la medida de inversiones forzosas que quiere aplicar Petro

El presidente Gustavo Petro generó revuelo, una vez más, al dar más detalles sobre el plan de reactivación económica que pretende para el país. Dentro de la estrategia hay algo que no convence a los sectores económicos del país.

Se trata de la inversión forzosa para los bancos, que consiste en destinar una parte de los recursos del sistema financiero a dar créditos en sectores que el Gobierno determine, en las condiciones que el Gobierno determine, es decir, con una tasa de interés ficticia que el Gobierno les va a poner.

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Así las cosas, de acuerdo con expertos como el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, eso lo que hace es encarecer un crédito de todos los demás, porque cuando los bancos tienen que destinar una plata en la que no van a generar los recursos esperados, van a cobrar más intereses en el resto del crédito.

Más mal que bien

Por eso, para el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, es preocupante que avance esta propuesta. Según él, son muchas las razones y las experiencias, tanto en Colombia como en otros países, que muestran con amplia evidencia que “las inversiones forzosas terminan haciendo más mal que bien”.

Escribió, por medio de X, que estas obligan a las entidades financieras a invertir un porcentaje de sus depósitos en títulos, emitidos por una entidad pública, con bajos rendimientos, o a otorgar créditos a bajo costo a sectores específicos considerados por el Gobierno como prioritarios.

Apuntó que las mismas fueron frecuentes en Colombia hasta la década de los 90, sobre todo, en el período de alta represión financiera tras la reforma financiera de 1951.

Además, que “en el desarrollo de la Ley Quinta de 1973 (capitalización del sector agropecuario), con base en regulación anterior de 1957 y 1959, las inversiones forzosas fueron ganando participación hasta alcanzar casi un cuarto de los depósitos del sistema”. Entonces, la experiencia revela cómo las inversiones forzosas afectan de manera negativa el costo del financiamiento, ya que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación.

“Este impuesto impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, en la medida en que reduce los recursos disponibles para que los establecimientos financieros asignen sus préstamos”, remarcó, teniendo en cuenta que son $294 billones los que hay en cuentas de ahorro ahora mismo.

Al respecto, insistió el presidente de Anif en que por estas razones, desde la década de los 90, se eliminaron de manera gradual las inversiones forzosas, con la excepción del sector agropecuario donde todavía aplican por medio de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990 (Sistema Nacional de Crédito Agropecuario) y emitidos por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Pierden los empresarios

Así las cosas, López puntualizó que con inversiones forzosas pierden los empresarios, que tendrían menos recursos para demandar crédito y, por tanto, tendrían que pagar mayores tasas de interés. Pierden también los ahorradores, porque es probable que los bancos tengan que reducir las tasas de depósitos.

Adicionalmente, hay pérdidas de eficiencia porque la expansión de crédito, que en dicho caso recae en el sector público, puede llevar a pérdidas importantes si la asignación no es adecuada.

Propuesta es inadecuada

Exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo y Mauricio Cárdenas también se mostraron en contra de la idea del presidente Petro.

Ocampo, que fue el primer ministro de Hacienda que tuvo el actual mandatario, aseguró que la propuesta es inadecuada. Para él, es un esquema del pasado, que solo se mantiene para el sector agropecuario.

“Lo que se necesita son acciones coordinadas del Grupo Bicentenario, que reúne a las entidades financieras del sector público. A través del grupo se pueden otorgar líneas de crédito, algunas concesionales, así como garantías. Un esquema de este tipo es el programa de financiamiento de la economía popular lanzado a finales del 2022, que no ha sido implementado adecuadamente”, dijo el exfuncionario.

De igual forma, manifestó que un buen programa de crédito puede y debe ser además concertado con el sector financiero privado.

Banca pública no es mejor que la privada

Asimismo, el exministro Mauricio Cárdenas puntualizó que la banca pública no presta mejor que la banca privada. Además, criticó que la cartera vencida del Banco Agrario ha sido, históricamente, el doble de la del sistema.

Cuestionó que “cada cierto tiempo el Congreso de la República aprueba leyes para borrar esos créditos vencidos. ¿Quién paga los platos rotos? Todos los colombianos”.

Recomendó a Petro no hacer las cosas por la puerta de atrás: “Si quiere subsidiar el crédito a ciertos sectores, hágalo de frente con cargo al Presupuesto General de la Nación”, finalizó Mauricio Cárdenas.