Ángela María Buitrago, ministra de justicia de Colombia, enfatizó que para que los diálogos entre el Gobierno y el Clan del Golfo sean fructíferos, debe haber un compromiso mutuo. El Gobierno nacional anunció la apertura de un proceso de diálogo con el Clan del Golfo, grupo armado conocido por la comisión de numerosos delitos en varias regiones del país.
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Durante su intervención en Cúcuta, la ministra explicó que el proceso de diálogo es fundamental, pero advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento de los acuerdos. “Es importante llevar a cabo un proceso, el diálogo es un camino, pero el incumplimiento es una respuesta a lo pactado y esto lleva de inmediato a un actuar de la justicia”, fueron sus palabras.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro autorizó un espacio de diálogo socio-jurídico con miembros del Clan del Golfo. Para ello, ya se ha reconocido a seis voceros de este grupo armado ilegal y se ha solicitado suspender sus órdenes de captura. Entre los voceros se encuentra alias Chiquito Malo, comandante de esa estructura.
En cuanto al proceso, la ministra Buitrago mencionó la necesidad de un período prolongado para la implementación de un proceso de paz sólido y una ruta establecida que permita alcanzar el diálogo. El objetivo, según la ministra, es avanzar en la verdad y en la confesión de lo que realmente ocurrió. “Incluso, en el marco penal permite realizar allanamientos y preacuerdos, con la posibilidad de definir si se realiza una confesión para conocer los actores participantes, en donde se cumple el reglamento, las normas establecidas en el pacto”, detalló Buitrago.
En referencia a las órdenes de captura y posibles procesos de extradición, la ministra aclaró que siguen vigentes y que aún no se tiene información concreta al respecto. Además, mencionó que el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue siendo un tema crucial, instando a esta organización a que se integre en el sistema de desmovilización y contribuya con la verdad histórica del conflicto.
El planteamiento del Gobierno de Petro busca una solución integral a los problemas de violencia y criminalidad que han afectado profundamente a Colombia. Respaldado por siete departamentos, el enfoque de diálogo con el Clan del Golfo se funda en la esperanza de una paz duradera, siempre y cuando ambas partes cumplan los compromisos adquiridos.
Buitrago concluyó que el éxito de este proceso depende del cumplimiento de lo acordado y resaltó la vigilancia de la justicia sobre estos compromisos.
El anuncio del diálogo
El Gobierno Petro anunció el inicio de diálogos con el Clan del Golfo, el grupo armado más grande de Colombia, como parte de su política de paz total. Este anuncio se realizó a través de una resolución ejecutiva publicada en el Diario Oficial el 5 de agosto de 2024.
- Resolución Ejecutiva: La resolución autoriza la apertura de un “espacio de conversación sociojurídico” con el Clan del Golfo. Este espacio tiene como objetivo verificar la voluntad del grupo armado de transitar hacia el Estado de Derecho y fijar los términos de su sometimiento a la justicia.
- Participantes: Seis cabecillas del Clan del Golfo participarán en estos diálogos. Entre ellos se encuentran: Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo” Orozman Orlando Osten, alias “Rodrigo Flechas” José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito” José Miguel Demoya, alias “Chirimoya” Luis Armando Pérez, alias “Bruno” o “Jerónimo” Elkin Casarrubia, alias “El Cura” o “Joaquín”.
- Representantes del Gobierno: La delegación del Gobierno estará encabezada por el politólogo Álvaro Jiménez Milán, acompañado por María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
- Objetivos del diálogo: El principal objetivo es verificar la disposición del Clan del Golfo para someterse a la justicia y transitar hacia la legalidad. Esto incluye la suspensión de órdenes de captura para los voceros del grupo armado durante el proceso de diálogo.
El Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), tiene raíces en el paramilitarismo y ha sido un desafío significativo para la política de paz del Gobierno. Este grupo armado ilegal cuenta con más de 7.000 integrantes y presencia en 16 departamentos y 238 municipios. La decisión de iniciar diálogos con ellos marca un avance importante en la estrategia de paz total del presidente Petro
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